La idea la repite en varias ocasiones uno de los personajes centrales de esa maravilla que es Shakespeare in Love: corriendo como locos por la escena, en medio de la basura londinense, los aprietos económicos del genio de Stratford-upon-Avon y la ambición por ganarse el favor de un público ávido de aventuras amorosas, todo en los montajes teatrales parece estar siempre al borde del naufragio, pero «todo acaba por salir milagrosamente bien».
Fuera de las películas, las cosas no siempre acontecen, por desgracia, de tal modo. Y por eso, en un país como el nuestro, donde reinan la chapuza y el abuso y donde el desmedido afán de lucro privado pone con frecuencia a miles de personas al borde del abismo, no es de extrañar que, de pronto, suceda una tragedia o, si la suerte no acompaña, un auténtico desastre.
Lo comprobamos hace años con la catástrofe de Los Alfaques y, después, con la calamidad inconmensurable del aceite de colza desnaturalizado, caso este en el que se juntaron los dos ingredientes necesarios para que un desastre así llegue a producirse: de un lado, la avaricia criminal de unos delincuentes dispuestos a ganar dinero a cualquier precio; de otro, la dimisión de la Administración de sus responsabilidades de vigilancia de un mercado en el que operan verdaderos delincuentes.
Salvadas todas las distancias entre esos casos y el del Madrid Arena -que son muchas, salvo para las jóvenes que dejaron allí la vida y sus familias, que las han perdido para siempre-, lo que vamos sabiendo no solo desmiente lo que organizadores y Ayuntamiento de Madrid afirmaron tras conocerse la desgracia -que todo estaba en orden-, sino que confirma que el desorden fue inimaginable en un acto de ese estilo: la empresa de seguridad carecía de licencia, solo cinco agentes autorizados para tareas de vigilancia controlaban el interior de un recinto al que cientos de jóvenes accedieron sin entrada y en el que se superó muy de largo el aforo permitido, pues un miembro de la organización ha afirmado que se vendieron 20.000 entradas y no las 9.600 oficialmente declaradas. Por si todo ello fuera poco, en la pista central había 8.000 personas cuando el plan de seguridad admitía menos de la mitad.
El cúmulo de ilegalidades ha sido de tal envergadura que organizadores y Ayuntamiento deben responder con urgencia no solo de sus responsabilidades civiles, sino también de las que pudieran tener en el ámbito penal. Pues para explicar la tragedia que les ha costado la vida a unas chiquillas no basta con hablar de mala suerte: hay que hacerlo ya, sin duda, de la codicia culpable de los organizadores de la fiesta y de la desidia inadmisible de una Administración que lo fía todo a la idea estúpida e irresponsable de que, de forma milagrosa, nunca pasa nada. Salvo, claro, cuando pasa.