Ahora ocurrió en Baracaldo. Mañana, no sabemos dónde y espero que no sea en ningún sitio. Los desahucios ya tienen sus primeros mártires. Aquel hombre de Granada el 25 de octubre; el intento de otro ciudadano al día siguiente en Valencia. Y ayer, una mujer que se había quedado en paro y, según las crónicas, tuvo que optar entre comer y pagar su hipoteca. Dudo que sea ética la comparación, mis lectores me perdonarán, pero un suicidio por desahucio está empezando a tener tanto impacto emotivo como un asesinato terrorista. Pido a Dios que no continúen; pero, si lo hacen, que no acaben convertidos en una estadística, como tantos hechos criminales. Por ejemplo, los de violencia sobre la mujer.
Mientras hago esa reflexión, se informa de que el Gobierno, al conocer el terrible suceso de Baracaldo, aceleró sus propuestas y el lunes presentará al Partido Socialista una iniciativa sobre períodos de carencia en casos de evidente necesidad. Desde la misma duda ética, tampoco puedo apartar una idea de mi cabeza: ¿Estaremos empezando a legislar a golpe de suicidios? Al fin y al cabo, demasiadas veces hace falta un crimen para cambiar una ley. Algunas correcciones del Código Penal que promueve este Gobierno no se entienden sin los nombres de Marta del Castillo, Sandra Palo o Mariluz Cortés. Los desahucios son unos de los pocos supuestos que justifican legislar en caliente. Y legislar en este caso es prevenir.
La alarma social pide a gritos una solución de emergencia. La sociedad está a punto de rebelarse y ya se está organizando la resistencia civil a base de héroes individuales o colectivos. Por ejemplo, la cadena humana que paralizó una ejecución hipotecaria en nuestra tierra, en Moaña. O esa ciudadana de Tenerife que paró tres desahucios con una huelga de hambre. O esos movimientos cívicos que esperan a los agentes judiciales para impedir el desalojo de un vecino. Son como los nuevos somatenes, ahora organizados contra la Justicia y la banca.
Está claro que es inaplazable reformar la Ley Hipotecaria. Está claro que es urgente promover fórmulas de auxilio a las víctimas. Está claro el clamor social y, por fin, la voluntad política. Pero también está claro que lo más urgente es evitar el próximo suicidio. No hay principio moral que admita que alguien se quite la vida porque ha tenido que elegir entre comer y pagar. Tenía previsto pedir a los jueces que aleguen objeción de conciencia y se nieguen a expulsar a nadie de su casa. Sin llegar a una solución tan drástica, apoyo lo que propone Pérez Rubalcaba: que bancos y cajas suspendan los desahucios hasta la nueva legislación. Una vida vale mucho más que un piso. Ningún banco va a quebrar por ese mínimo gesto de generosidad.