Operaciones como la de ayer hacen pensar en que la Justicia tiene fuerza e independencia suficientes para detener a quien hace apenas unos meses era el líder de los empresarios españoles.
Pero también incrementa la penosa sensación de que la corrupción ha minado nuestro tejido económico y social hasta extremos insospechados.
Avergüenza que eso ocurra el mismo día que los discapacitados trataban de hacer oír sus voces de protesta por unos recortes que están afectando de forma especial a los sectores más débiles de la población.
Es bochornoso que pase apenas días después de que el Gobierno asegure que no tiene dinero para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas que han cotizado toda su vida para eso.
Es curioso que tan significados personajes sean detenidos el mismo día en que se hace público que la amnistía fiscal solo ha hecho aflorar la mitad del dinero que el Gobierno esperaba.
Tantas coincidencias indican que las estructuras del Estado resisten, pese al descorazonador número de supuestos líderes sociales de los que se sospecha con fundamento que mientras exigían a los demás esfuerzos para salir de la crisis cavaban profundas galerías para evadir sus tesoros.
Todo ello hace pensar que no es el momento de soliviantar a los jueces, sino de reforzar las estructuras judiciales para que no se eternicen los casos abiertos; de que, en vez de recortar, se dote de medios a quienes tienen que perseguir el fraude fiscal, y de cambiar el rumbo de unas reformas que empobrecen a millones de personas mientras apenas afectan a los que más deberían aportar a la salida de la crisis.