Este fin de semana se publicó una encuesta deprimente: el 85 por ciento de los ciudadanos desconfían de Mariano Rajoy. Supongo que el presidente y sus equipos saben muy bien por qué: porque se han tenido que dedicar tenazmente a desmentir con los hechos lo que habían predicado como promesas. He escrito «se han tenido que dedicar», siguiendo la línea de exposición del propio Rajoy: se encontró con una realidad más dura de lo previsto y tiene que acomodarse a ella, aunque le cueste el alto precio de político que incumple su palabra.
Esto resulta comprensible y es honrosa la actitud de confesarlo. Lo inquietante es que, pasado un año de las elecciones y con todos los datos en la mano, haya seguido prometiendo paraísos, a sabiendas de que no eran posible. Me refiero, en concreto, a la cicatería de las pensiones. ¿Cuántas veces nos dijo el Gobierno que habría actualización de acuerdo con el IPC de noviembre? ¿Cuántos ministros han comprometido su palabra en asegurarlo? Lo han hecho hasta la última semana, en entrevistas, actos públicos y cada vez que tuvieron un micrófono delante. Han fallado en la previsión y han fallado en la preparación psicológica del pensionista. Ahora quedan injustamente como políticos que engañaron a la sociedad.
Al mismo tiempo, cuando se comunicó la pobre subida, no hubo más que lamentos, sin una referencia a la cantidad que el Estado se ahorra con la restricción. ¿Tanto cuesta presentarse ante el país, ponerle las cuentas delante y explicar por qué no hay dinero?
Hemos leído que la decisión había sido dolorosa o que resulta imprescindible, pero no se ha argumentado. Les resulta más fácil lo obvio: recordar que Zapatero congeló las pensiones, o acudir una vez más a la difícil herencia recibida. Y así, sin datos económicos oficiales, parte de la opinión publicada transmitió a su audiencia que todo ha sido impuesto por Bruselas y el gobierno cedió ante sus presiones. Ahora, cuando Rajoy afirma que ha sido una decisión libre y autónoma, ve limitada su credibilidad.
Todo esto retrata muy bien el déficit de comunicación de este gobierno. Pero no me interpreten mal: no es un déficit de la Secretaría de Estado de Carmen Martínez Castro. Es un déficit provocado por la actitud de los ministros. Es esa voluntad de querer salvar el momento anunciando felicidades que saben que no son posibles. Es ese trato infantiloide al contribuyente, que consiste en poner gesto de pena y confesar mucho dolor, cuando ese contribuyente ha demostrado que justifica los sacrificios cuando se le razonan. Por eso no es extraño que el 85 por ciento de la sociedad desconfíe de su gobierno. Y desconfiará más, si se mantienen actitudes como las que acabo de mencionar.