Son ya 34 años de vigencia de la Constitución. Está en la madurez, si puede aplicársele el baremo de las personas físicas. No presenta síntomas de decrepitud, ni ha caído tampoco en lo anacrónico. En el referendo que la aprobó por muy amplia mayoría no participaron generaciones que han tenido como algo normal estos años de democracia. Según el último sondeo del CIS, el 52,5 % de los consultados manifiestan estar poco o nada satisfechos con la Constitución. El sondeo no preguntó sobre su reforma. Pero en la opinión publicada abundan los artículos, editoriales, manifestaciones de dirigentes políticos e incluso monografías sobre la necesidad e incluso urgencia de reformar la Constitución.
El Estado autonómico se encuentra en el punto de mira. El PSOE ha vuelto a plantear el federalismo como solución, sin concretar de qué tipo se trata, habida cuenta de sus diferentes variables. Sin entrar en detalles, puede afirmarse con bastante seguridad que no serviría para desactivar las aspiraciones de los nacionalistas catalanes, ni de los vascos, que preocupan. La contraposición de las propuestas de reforma, «centrífugas» o «centrípetas» en palabras de Ortega y Gasset, constituye una prueba sólida de que falta el consenso con el que se elaboró la Constitución de 1978, que ha sido objeto de general alabanza.
Ilustres profesores de Derecho público respaldan la necesidad de la reforma. Se vuelve a zarandear el Título VIII de la Constitución con frases que exceden del ámbito científico. No se pondera la realidad que hubo de afrontarse. Se trataba de cerrar un paréntesis abierto por una guerra civil. No fue un despropósito que se tuviese en cuenta la Constitución de 1931, indispensable para el consenso. En ella se funda la disposición transitoria segunda de la de 1978, relativa a Cataluña, País Vasco y Galicia. A eso se reduce el convencionalismo de la historicidad. La redacción definitiva, en la que intervine, descartó la generalización de los llamados territorios autónomos del primer anteproyecto, deudor de las justamente criticadas preautonomías, cada uno con Asamblea de carácter legislativo.
Si no se omite la lectura del artículo 152 de la CE y se recuerda el anómalo proceso de la autonomía andaluza, puede deducirse que la generalización ahora existente no proviene de la Constitución, que procuró no presentar la autonomía de unos pocos como un privilegio de difícil asimilación, sino de la voluntad de los partidos políticos mayoritarios: UCD de Calvo Sotelo, PSOE y PP. Quienes critican la situación actual han reconocido que la generalización es irreversible. Mi tesis es, por el contrario, volver a la Constitución, que el 44,6 % de los consultados opinan que se respeta poco. La no existencia de Parlamentos en todas las comunidades autónomas reconocería «derechos diferenciales», reduciría gastos y haría más eficaz la distribución de competencias establecida en la Constitución. A los partidos políticos corresponde desfacer los entuertos.