Aún dando por sentado que las líneas básicas de nuestra política macroeconómica hablan alemán, tengo que manifestar mi profunda disconformidad con determinadas medidas de nuestra política fiscal y económica. La última es la reciente decisión del Gobierno catalán de implantar, con carácter retroactivo, el controvertido impuesto sobre depósitos bancarios. El Gobierno ha anunciado su propósito de recurrir ante el Constitucional dicho tributo por haber sido adoptado mediante decreto ley. Con la finalidad de eliminar el impuesto sobre depósitos bancarios vigente en Extremadura, Andalucía y Canarias, el Ministerio de Hacienda estudia la aplicación de un impuesto estatal sobre la misma materia, pero sujeto a un tipo cero de gravamen, con la finalidad de eliminar la doble imposición. Esta medida llevaría aparejada la obligación de compensar, con cargo a los Presupuestos, a las comunidades autónomas por la pérdida de los ingresos que reportaran dichos tributos. Entiendo que el impuesto estatal entraña un fraude que aunque técnicamente no pueda calificarse de «fraude de ley», reviste los caracteres de una «ficción legal», como la presunción de donación en la inconstitucional Ley de Tasas y Precios Públicos, puesto que al no existir gravamen, lo que en realidad se da es una ausencia de tributación, con el resultado fraudulento de tener que soportar el resultado todos los contribuyentes.
Lo legalmente correcto sería la creación de un auténtico tributo sobre las transacciones financieras, con lo que se evitaría la dispersión tributaria autonómica reinante en la actualidad, con resultados más equitativos. De esta forma se lograría, asimismo, que los auténticos sujetos pasivos del tributo sean las entidades bancarias, que ya están gozando de bastante trato de favor. El tipo impositivo del impuesto que pretende implantar el Gobierno debería adoptar un porcentaje suficiente para cubrir las medidas compensatorias a las comunidades afectadas, los gastos necesarios para la gestión del tributo y un remanente mínimo para que se pueda afirmar la existencia de un auténtico gravamen.
Me permito sugerir que el Ministerio de Hacienda, y el Gobierno en general, adopten de una vez por todas, con toda la energía necesaria, las medidas fiscales para atajar y sancionar el desmedido fraude que se está cometiendo en todos los ámbitos y muy especialmente en determinadas autonomías que parecen gozar de patente de corso, provocando el rechazo del resto de la sociedad. Desgraciadamente, será difícil evitar que el tributo, cualquiera que sea su forma, lo acaben soportando los usuarios.