Los nacionalistas catalanes -no solo ellos, aunque ellos de manera destacada- practican hoy una particular ley del embudo: mientras exigen un respeto escrupuloso y general para su desafío secesionista, se creen con derecho a criticar con extrema dureza a cualquiera que a su juicio no cumpla con exquisita pulcritud el papel que tiene constitucionalmente atribuido.
Y así, al mismo tiempo que acuerdan la creación de un pomposo Consejo Catalán de Transición Nacional, anuncian una declaración parlamentaria sobre el derecho a decidir de Cataluña -donde reside, según CiU y ERC, la soberanía nacional- y proyectan aprobar una ley para dar cobertura a esa consulta, manifiestamente contraria a la Constitución, que prevén celebrar el año próximo, los nacionalistas catalanes han criticado con dureza al jefe del Estado por defender la unidad del país en la entrevista que le hizo en TVE Jesús Hermida y al ministro de Defensa por su referencia a que los militares afrontan, «con ánimo firme y sereno» las «absurdas provocaciones» de las que supuestamente son objeto.
Mi opinión sobre esas actuaciones del rey y del ministro son, desde luego, muy distintas. Don Juan Carlos declaró algo que para nada viola su papel como jefe del Estado sino que, por el contrario, resulta coherente con el principio de unidad inscrito en el artículo 2 de la Constitución. En claro contraste, las palabras de Morenés son de una imprudencia manifiesta, pues que el Ejército, como colectivo, no tiene otra obligación que obedecer al poder civil -es decir, al único que existe en el Estado democrático- es tan evidente que el mero hecho de agradecerlo a los militares podría interpretarse por estos como una forma implícita de admitir que cabe actuar de un modo diferente, lo que supondría una locura.
Ahora bien, este juicio, natural en todos aquellos que cumplen la Constitución y la ley estrictamente, resulta de un cinismo inaguantable en quienes han convertido el incumplimiento de la ley en una forma de hacer habitual y hablan de violar la Constitución con la tranquilidad con que lo harían de tomarse unas cervezas.
En realidad, la insistencia de CiU y ERC -¡con la bochornosa e increíble abstención del PSC!- en hacer lo que la Constitución y el Estatuto catalán prohíben con meridiana claridad obliga a recordar que esa forma de actuar forma parte, por desgracia, de la tradición del nacionalismo catalán, que se ha propuesto ahora lo que ya intentó en 1934, cuando Companys, en flagrante violación de la Constitución de la II República, declaró el Estado catalán.
Que quienes han vuelto a esas andadas acusen de provocador a todo quisque es de una desvergüenza de la que ya solo se benefician en España los nacionalistas. Ellos, por razones ignotas, parecen tener patente de corso para todo.