L a deriva soberanista iniciada por el presidente de la Generalitat ha creado un problema cuya importancia es innegable. El audaz paso, nunca hasta ahora dado en la recobrada democracia, no ha respondido a los cálculos electorales. No habiendo obtenido la mayoría que respaldase su protagonismo, CiU ha tenido que pactar con la reforzada ERC que, en materia de independencia, no ha tenido la ambigüedad pragmática de aquella. Los republicanos catalanes, aun siendo minoritarios, vuelven a ser decisivos en la orientación del Gobierno, como lo fueron en el anterior tripartito. Artur Mas se ha metido en un lío del que le es difícil salir, preso de sus palabras.
La realidad obliga a equilibrios verbales. Las declaraciones pierden la contundencia del principio. Su pretensión de realizar una consulta al pueblo catalán para decidir unilateralmente la independencia de Cataluña respecto de España, aunque no fuese legal, se ha debilitado con el recordatorio de que ni desde la Constitución, ni desde el ordenamiento de la Unión Europea, en la que pretendía arroparse, era asumible. El acuerdo a que han llegado CiU y ERC de someter al Parlamento una declaración de soberanía del pueblo catalán ha sufrido matizaciones varias. La fecha para celebrar la consulta no está comprometida. Se huye de utilizar la palabra independencia con recursos más o menos barrocos. Se ha retirado de la declaración lo de «Estado propio». Se enfatiza el «derecho a decidir», difuminando el derecho a la autodeterminación. Y en este suma y sigue se admite que la consulta no tenga vinculación jurídica. Detrás de esta rebaja del tono de la propuesta se encuentra el interés -¿podría decirse necesidad?- de la pareja de contar con más apoyos.
El principal objeto del deseo es el PSC, que no puede por su propia identidad aceptar una consulta independentista. No ha de ignorarse tampoco la posición del empresariado, tradicionalmente cómodo con el nacionalismo de CiU, que empieza a clarearse en contra de la consulta: «No queremos un choque de trenes».
El propio presidente de la Generalitat, en sus últimas declaraciones, aunque presume que en este momento habría una mayoría a favor del Estado propio, reconoce que no sería holgada y pide al Estado que ofrezca una alternativa atractiva. Todo ello contribuye a pensar que está buscando una salida decorosa. Podrá consistir en una mejora de la financiación, como ha venido haciéndose en sucesivas reformas. Pero será de nuevo una solución circunstancial. La cuestión de fondo quedará larvada o hibernada esperando otra ocasión para revivirla. No es que la Constitución que CiU defendió y aprobó no sirva ya. Ha sido la generalización uniforme de las comunidades autónomas lo que mantiene la brasa confederal, aunque identidad y dinero se retroalimentan. Quizá fuese útil a la Generalitat acordar con el Gobierno un tiempo para desbrozar una solución no coyuntural. Este no tiene por qué precipitarse en utilizar medios jurídicos para impedir lo ilegal.