Una ola de corrupción está barriendo los medios de comunicación social para asombro e indignación de los ciudadanos, descrédito de los políticos y del funcionamiento de la Justicia. El número de imputados y llamados a declarar en procesos abiertos por asuntos de esa naturaleza resulta preocupante. Pertenecen a la generalidad de los partidos políticos del arco ideológico. Si además resulta que después de largos años la ilicitud declarada y admitida de los hechos se solventa con un acuerdo, se comprende la reacción de la ciudadanía, agobiada por una crisis que sigue apretando, como revelan los últimos datos sobre el paro. Lo peor que está ocurriendo es no solo la comprobación de condenables comportamientos individuales, sino el clima generado que daña la imagen de España en el exterior y nos sitúa en inmerecidos puestos en el ránking de la corrupción.
La palabra, en todas sus acepciones, tiene una connotación negativa; despide hedor. Descalifica a los protagonistas y es un cáncer del sistema democrático. La calificación penal no deja lugar a dudas. Aunque desde un punto de vista técnico-jurídico es defendible que el Derecho penal esté ocupando espacios que deberían corresponder al administrativo, quizá no sea lo más conveniente para combatir la corrupción. Es cierto que la vía penal proporciona una publicidad mayor, que puede terminar por hacer añicos, de hecho, la presunción de inocencia. Pero esa publicidad puede actuar como una vacuna que impida que el virus llegue a producir una epidemia, sobre todo si lo ilícito es realmente castigado.
No todo se reduce a lo que es punible. La convicción de que pueden haber existido otros comportamientos que no han llegado a esa calificación corrobora la sensación de un ambiente insano en el manejo de los asuntos públicos. A esa sensación contribuyen declaraciones de imputados que sostienen que es normal para ser adjudicatario de una obra o un servicio contar con una relación privilegiada con quien tiene la potestad de decidir o la afirmación hecha a la ligera de que la corrupción no es solo cosa de políticos, que de ella participa la sociedad. También la constatación de rápidos cambios de tren de vida y su ostentación. En los últimos asuntos aireados resulta difícil de entender, sin evitar el sarcasmo, cómo durante el desempeño de su función el tesorero de un partido pueda atesorar veintidós millones de euros en una cuenta bancaria.
Existe consenso social sobre la necesidad de erradicar toda opacidad en la financiación y el funcionamiento económico de los partidos políticos. Clarificación cuanto antes de lo puesto en duda y firmeza en adoptar las medidas correspondientes son imprescindibles si no se quiere perder la confianza de los ciudadanos. Aunque el miedo guarda la viña, conviene subrayar el valor de la ética. Para políticos y funcionarios podría resumirse en servir a los intereses generales y no servirse de ellos, cumplir el deber al que obliga la representación y el Derecho.