E l asunto Bárcenas, por lo que se refiere a una cuenta paralela en el PP durante su cargo de tesorero, ha afectado directamente a la imagen del presidente del Gobierno. Cualquiera que sea su desenlace, ha causado deterioro en el sistema democrático. En esta clase de asuntos, más importante que la calificación jurídica es el impacto que se produce en las instituciones y sus titulares, en los partidos políticos que «concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular». En el aspecto jurídico no parece que haya mucho recorrido. Lo determinante es el veredicto de la sociedad, que lo formula en caliente y no desde la técnica del derecho. Lo que acabó con Nixon fue la mentira, no la acción delictiva de los fontaneros de la presidencia. En nuestro país caló la acusación de que el Gobierno mentía en el atentado de Atocha, eficazmente aireada por el hoy líder de la oposición. Fue decisiva para el vuelco electoral que privó de la presidencia al candidato Rajoy.
Escribo poco después de conocer la declaración de Rajoy, reiterada para confirmar su contundencia, de que es falso que haya recibido ningún dinero en negro. Le creo. Hace días afirmé públicamente que desde una perspectiva personal resulta difícil de admitir que se hubiese pringado en una retribución ilegal. Que no era un chusquero de la política, a la que haya acudido para mejorar su estatus económico. Con otras palabras, el mismo interesado se ha visto forzado a subrayar esa obviedad. Era obligada una manifestación clara y tajante, reclamada desde la oposición, desde instancias neutrales y desde el propio partido. El asunto afectaba a su credibilidad, con el consecuente daño a la imagen de España. Pienso si no sería, incluso, conveniente una comunicación directa, en un primer plano, a los ciudadanos, dado el escándalo de las noticias y la apariencia de verosimilitud con que se han presentado.
Tengo que creer a Rajoy porque el país no está para un cambio en la presidencia del Gobierno: ni dentro del PP -sobran las especulaciones- ni mucho menos mediante unas nuevas elecciones. Hemos perdido mucho tiempo para enfrentarnos a la crisis y no puede perderse más. Tampoco para que se despejen las dudas que han emponzoñado el panorama público. Rajoy ha hecho lo que estaba obligado por su posición institucional de presidente del Gobierno. A otros dirigentes les queda la tarea de convencer a una ciudadanía apretada por la crisis, los recortes y la presión fiscal, asombrada por las regularizaciones de defraudadores, de que no hay nada irregular en el funcionamiento interno del PP. No se puede pedir a los ciudadanos una suerte de acto de fe colectivo en el partido. Existe fuerte renuencia a dar por zanjado el problema. La oposición no va a soltar el hueso. Será la hora de la verdad, de las manifestaciones de llegar hasta el fondo, «caiga quien caiga», realizadas por líderes del PP. Es la responsabilidad del partido que sustenta el Gobierno del país.