D esde 1975 existe en España un modelo de prestación de servicios sanitarios con financiación pública a través de proveedores privados: el mutualismo administrativo. Este modelo es el que da cobertura sanitaria a los funcionarios civiles del Estado (Muface), al personal de las Fuerzas Armadas (Isfas) y al de servicio a la Justicia (Mugeju). Esos colectivos pueden decidir si la asistencia sanitaria la quieren recibir con aseguradoras privadas o con el INSS. Este modelo de colaboración público-privado es el más consolidado del país y unas empresas privadas tienen que ofrecer la misma cartera de servicios que presta el Sistema Nacional de Salud.
A esta realidad de éxito -los funcionarios y sus sindicatos preferían la gestión privada- se añade la declaración del presidente del mayor grupo privado de asistencia médica, que ha dicho que el modelo de gestión privada concilia calidad y eficiencia y resulta hasta un 30 % más barato que el de gestión pública, que la productividad es más alta y el absentismo más bajo. Y que se pueden contratar médicos con sueldos anuales de hasta 300.000 y 400.000 euros y prescindir de un empleado si no trabaja. Hacer lo mismo con igual calidad, menor coste e índice de satisfacción del paciente igual o superior, es la modalidad en una parte del sistema sanitario de algunas comunidades autónomas y la que quiere extender Madrid, con la frontal oposición de los colectivos sanitarios y la izquierda parlamentaria.
Ninguna ley dice que las farmacias tienen que atenderlas funcionarios, y ningún texto de nuestra profusa legislación señala que la sanidad pública (o la educación) tiene que entregarse exclusivamente a funcionarios, sino que, y esto es lo trascendental, el sistema público de salud es universal y gratuito (y de calidad, añado). ¿Por qué es un 30 % más cara e ineficiente la gestión pública que la privada? La respuesta la tienen los sindicatos y los privilegios acumulados durante años en inaceptables convenios colectivos. Lo que el ciudadano quiere es que la sanidad, la educación y la asistencia a la tercera edad se financien vía PGE y sean universales, de calidad, competitivos y con gestión eficiente.