El sometimiento del poder a unas reglas objetivas que reconocen los derechos de los ciudadanos es expresión del Estado de Derecho, una conquista en la organización de la convivencia. El reconocimiento de los derechos fundamentales que vinculan a todos los poderes del Estado, incluido el legislativo, constituye un último eslabón de virtualidad no agotada. Pero el Estado poderoso que se somete al Derecho ha perdido soberanía, porque la cede de un modo soberano en fenómenos de integración, como la Unión Europea, o sencillamente porque se la cercena. De esto último pueden comprobarse fenómenos ilustrativos y preocupantes en nuestro mundo globalizado que inducen a pensar si no nos encontramos ante un retroceso del derecho y la justicia.
El poder de los mercados se erige en la suprema ley. No obedece a ninguna de las reglas por las que se rige un sistema democrático, pero se impone a los Estados de una manera desigual. Tiene razón el presidente del Gobierno cuando se queja de que España se financia de un modo más caro que Alemania, cuando además ha de cumplir con unas duras condiciones para reducir el déficit público impuestas por Bruselas. El rechazo aumenta por la actividad de unas agencias monopolísticas de calificación que influyen en el comportamiento de los inversores y que no dan cuentas a nadie. Solo algún Estado poderoso como el de Estados Unidos se atreve a demandar a una de esas agencias cuya defectuosa valoración está en el origen de la crisis financiera.
La decisión del Tribunal Constitucional portugués, que ha declarado contrarias al derecho a la igualdad unas medidas de recorte del gasto público, incide en la cuestión planteada. No tanto por la competencia del tribunal, que a primera vista significaría una afirmación de la soberanía y del Estado de Derecho, sino porque esas medidas habían sido adoptadas por imposición de la famosa troika, de la que Portugal ha sido un alumno aplicado. ¿Ante quién se reclama? El país se encuentra en situación de emergencia. No se le da más salida que arréglese como pueda; hay que continuar con el cumplimiento de lo impuesto, con el riesgo -o la amenaza- en caso contrario de que no se le transfiera la parte del dinero que corresponde al plazo acordado.
Un comprensible desasosiego produce lo que ha ocurrido a nuestro colega peninsular y lo incrementa la actitud de Bruselas, encastillada en su demanda de nuevas medidas para cumplir con la reducción de nuestro déficit público. No faltan palabras corteses para ponderar todo lo que se ha hecho en esa dirección; pero se exigen más reformas: acelerar los cambios en las pensiones y dar una vuelta más a la tuerca de la reforma laboral. Todo ello asumiendo que no volveremos a crecer hasta el 2014 y, para más inri, reconociendo que la cifra de paro, especialmente el de jóvenes, es alarmante. Este es lo prioritario, y por desgracia, característico de nuestra situación. Lo que exige Bruselas es contradictorio con superar lo que le alarma.