Se acaba de producir un suceso que es todo un test del comportamiento de parte de nuestra clase política: el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, contrató a un experto en técnicas de desarrollo personal y dirección de equipos y, cuando la opinión pública se escandalizó del contrato, prescindió de sus servicios. Tengo un buen concepto del señor Fabra: llegó de penalti al Gobierno valenciano en un momento muy delicado moral y económicamente y está haciendo lo posible por salvarlo de la quiebra, tanto moral como económica. El salto que el señor Fabra ha tenido que dar en su vida es suficiente para hacer ante él un ejercicio de comprensión. Nadie tiene por qué ser un héroe y adquirir de pronto las cualidades naturales de líder. Por eso entiendo que quiera hacer un esfuerzo de formación para que un experto le proporcione las cualidades que la naturaleza o la formación previa le han negado.
¿Dónde está, por tanto, el problema? En las explicaciones que se han querido dar después. En primer lugar, desde la presidencia de la Generalitat se ha dicho que Fabra no tenía conciencia de que la contratación se hacía con cargo al Gobierno. Hombre, eso no se dice. ¿Cómo no iba a saber el señor presidente quién pagaba al entrenador? ¿Suponía, quizá, que lo hacía con carácter gratuito? ¿Pensaba que era un regalo que venía del cielo, lugar del que nunca vienen los asesores? Ese tipo de argumentos son los que irritan al ciudadano, porque supone que le están mintiendo, y es verdad que le están mintiendo. A veces parece que toman por tontos a los contribuyentes.
No conformes con esto, la misma presidencia argumentó también que el señor Fabra iba a realizar un esfuerzo formativo para «ponerlo al servicio de la comunidad». Esa disculpa, si me lo permiten, es todavía peor. El presidente se quería formar para su propio beneficio y para su promoción personal. Eso es legítimo, e incluso digno de elogio, pero revestirlo de servicio público para justificar el coste entra de lleno en el territorio del descaro.
¿Por qué me detengo hoy en este caso, localizado en la Comunidad Valenciana? Porque ahí tenemos la alegría con que se cargan al erario público gastos que son estrictamente personales, y con el agravante de que se dice desconocer quién los paga. Y ahí tenemos la tendencia a considerar beneficio colectivo lo que es estrictamente beneficio particular: la tradicional confusión entre lo público y lo privado, donde siempre pierde lo público. Así se explican tantos dispendios difíciles de justificar. Y la moraleja concreta del caso: a los cargos oficiales hay que llegar formado. Y, si hay huecos en esa formación, que los paguen de su bolsillo. Como hacemos los demás.