La recuperación física de don Juan Carlos, que felizmente parece que marcha más de prisa de lo previsto, proporciona un símil adecuado para la deseable recuperación de la imagen y de la función de la Corona, si han de tenerse en consideración encuestas sociológicas. No se trata ahora de hacer un recuento de los asuntos que han influido en la baja del tradicional aprecio. No existe ya la permisividad de las anteriores etapas. No es posible la opacidad y van quedando menos monárquicos que estén dispuestos a cubrir con su capa situaciones inconvenientes. La institución y la persona no son intocables para su valoración por la ciudadanía. Requieren, sin embargo, un enjuiciamiento adecuado a su singularidad. El rey no está en el juego de la alternancia que resulte de unas elecciones. El déficit democrático de la Corona ha de ser compensado con la ejemplaridad de quienes la representan. Es difícil separar en el rey y su familia vida pública y privada. No resulta coherente aceptar con «beneficio de inventario» la posición adquirida por filiación o por matrimonio y «liberarse» de lo que es inherente a aquella, utilizarla para beneficio particular, mucho menos cuando se persigue de manera irregular. Ha quedado claro. La desigualdad exige en los actores coherencia con la situación que les ha venido dada.
La monarquía parlamentaria, en la persona de don Juan Carlos, fue una solución aceptada por un gran consenso en el que participaron formaciones políticas de larga tradición republicana. Fue una decisión consciente de que era la mejor, si no única, para emprender el camino de la democracia en un momento crucial de nuestra historia. Después de Franco, qué, se planteaba entonces. No unas instituciones que eran como elefantes muertos en pie. Se optó por la Institución. Superaba enfrentamientos que habían sido cruentos. No habría vencedores ni vencidos. No se volvía a la legalidad interrumpida del 31, ni a la monarquía entonces sustituida. Hubo en buena medida que reinventarla, manteniendo lo mínimamente esencial, a costa de saltar el escalón de don Juan. Fue una labor paciente y difícil que hubo de desarrollar día a día el nuevo rey. Valió para no volver atrás -para qué recordar el 23-F- y sigue valiendo para el futuro.
La continuidad ofrece ventajas que no se encuentran superadas por una solución alternativa. Las funciones atribuidas constitucionalmente al rey no han agotado su virtualidad. El símbolo de unidad y permanencia del Estado es de gran utilidad en las relaciones internacionales, en especial con la América que habla nuestro idioma común o con el mundo árabe. No tiene poder de veto. Puede ayudar a resolver contenciosos históricos. Está por afinar la función de arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones, que no ha de ejercerse de modo formal. Se requiere auctoritas, la ganada por don Juan Carlos, a quien algunos, en una repentina devoción por su hijo, quieren retirar. Las muletas del rey, por fortuna, son transitorias.