Desde una perspectiva económica, vivimos en sociedades articuladas en dos grandes espacios que interaccionan entre sí. Uno es el espacio privado (mercado), donde la actividad productiva y el intercambio voluntario de bienes y servicios son intensos y extensos. El otro es el espacio común, también llamado sector público o espacio civilizatorio. Ambos espacios generan y reproducen contradicciones, dinámicas e intereses distintos. El mercado funciona maximizando beneficios y utilidades, además de concentrar cosas (rentas, riqueza, población, inversiones, capital humano, etcétera). El espacio común aporta determinados bienes y servicios, redistribuye rentas, estabiliza la economía e incentiva su crecimiento. Todas estas cuestiones se explicitan en las sociedades democráticas mediante pactos constitucionales, valores morales y estructuras políticas y económicas sólidas que favorecen el bienestar y una convivencia ordenada.
El espacio común se nutre de recursos que proceden del espacio privado (familias y empresas), a través de un sistema tributario, y los devuelve posteriormente en forma de servicios, salarios, inversiones y prestaciones económicas. Las razones que justifican la provisión de ciertos servicios por el sector público, se fundamentan en la experiencia, el acuerdo y el error. Así, la educación básica debe ser pública porque las democracias necesitan, para su reproducción, de ciudadanos educados en valores cívicos y democráticos. Y eso lo garantiza la escuela pública. El sistema público de pensiones supera al mercado a la hora de resolver las incertidumbres asociadas a la cuantificación del ahorro necesario para satisfacer el consumo futuro del jubilado (años de vida, situación familiar, mercados financieros volátiles, gestión deficiente o quiebra de fondos, etcétera). Y también existe consenso social para calificar a la sanidad pública como la joya del espacio común. Porque la sanidad pública maximiza la salud de la población al mínimo coste posible (en España, el 6,3 % del PIB). Es el sistema más eficiente. La sanidad privada falla cuando atiende a una persona sin recursos suficientes. En ese caso su salud puede empeorar. O se arruina ante una larga enfermedad. Los hospitales de beneficencia y los seguros médicos complementarios tampoco resuelven el problema. Además, la sanidad privada multiplica por dos o por tres el coste total que ofrecen los países con sanidad pública extensa.
Los políticos deben recordar que en el espacio común mandan y deciden los ciudadanos. Y por eso están obligados a obedecer y rendir cuentas. En las próximas elecciones autonómicas y generales estas cosas serán prioritarias, explícitas, descarnadas. Y confiamos en que algunos aprendan de una puñetera vez esta elemental lección democrática.