Las estructuras de los principales partidos crujen ante el oleaje de las imputaciones judiciales y la desconfianza ciudadana. Las cloacas de las financiaciones irregulares y de los espectaculares y más que sospechosos enriquecimientos amenazan con romper las tapas de las alcantarillas e inundar calles y plazas.
Urgen cambios de calado. Urge, evidentemente, una ley de transparencia que marque fronteras claras. Y que nazca fruto de un amplio consenso y no solo de un pacto entre los dos grandes partidos que, según las encuestas, no son ya tan grandes en apoyo popular aunque sigan siéndolo en cuanto a estructura y costes de funcionamiento.
Pero de poco servirá una ley -en un país tan acostumbrado a legislar en abundancia como a arrinconar en seguida las leyes y buscarles las vueltas para cumplirlas lo menos posible-, si no hay voluntad de cambio drástico en el funcionamiento de los partidos.
Que PP y PSOE no hayan tenido problemas para ponerse varias veces de acuerdo en la Mesa del Congreso en lo que va de año para bloquear peticiones de consulta de datos económicos de diputados como Álvarez Cascos o Carmen Rodríguez Flores no es un precedente alentador sobre su posición a favor de la transparencia.
Tampoco lo son la composición y competencias de los tribunales de cuentas ni las estereotipadas reacciones a la imputación judicial de compañeros de partido.
Urgen normas, pero urge, sobre todo, voluntad de cambio y transparencia. Y de eso se ve muy poco. Pese a las encuestas y pese al creciente cabreo ciudadano contra los políticos.