Tras diez meses de espera y suspicacias sobre la ejecución de los proyectos, la Xunta reconoce, al fin, que la petrolera mexicana Pemex está «reevaluando» su acuerdo para construir barcos en Galicia. Eso sí, por culpa de Almunia, el comisario socialista que encarna la posición implacable de la Unión Europea sobre el maltrecho sector naval gallego.
En los últimos diez meses ha habido las más variopintas explicaciones para justificar el retraso de unos contratos -secretos- suscritos por la petrolera y los máximos responsables de los astilleros Barreras y Navantia, con el padrinazgo del presidente de la Xunta. Explicaciones, todas ellas, de las que no hay por qué dudar, pero hay quien las interpretó como justificaciones ad hoc para mantener el armazón de una de las bazas electorales de Núñez Feijoo. La construcción de los floteles debía comenzar en el primer trimestre del año, pero por el camino fueron apareciendo tachuelas que la Xunta fue sorteando como pudo: un previsible cambio de Gobierno en México y en la dirección de la petrolera pública, la obligación de sacar a concurso internacional la adjudicación de los barcos, las dificultades -antes de que Pemex decidiera entrar en el capital del astillero vigués- para que Barreras lograse los avales. Y ahora, la devolución del tax lease... de los años 2007 al 2011.
Un parlamentario del PP llegó a decir que era inmoral poner en duda que los floteles se iban a construir en Vigo y en Ferrol. Lo malo es que algunas personas, hastiadas de palabras que se lleva el viento, temen que la losa bajo la que Bruselas quiere sepultar al naval gallego sirva para los rotos y los descosidos.