Llegados a este punto está ya suficientemente probado que en el PP se movía dinero negro, como han admitido en sede judicial varios de sus receptores, el último el exgerente Cristóbal Páez. De momento, 55 apuntes de los papeles de Bárcenas, esas «fotocopias de fotocopias», como las llamó el PP, o ese «papel arrugado» del que habló Rajoy el 1 de agosto, están ya acreditados por el juez. Se podría decir, parafraseando al presidente, que todo es falso, salvo 55 cosas. Muchas. Por ahora. Es evidente también que ha habido, cuando menos, descontrol, irregularidades, si no delito de cohecho (difícil de probar), en las donaciones. Los tres secretarios generales dispararon ante el juez de forma concertada sobre los tesoreros, cargándolos con toda la responsabilidad, y dejaron hábilmente abierta la puerta a la existencia de financiación irregular, que no es delito. Si se confirma, vinieron a decir, ellos no sabían nada, que les pregunten a Lapuerta y a Bárcenas. Pero su responsabilidad in vigilando es insoslayable, ya que los estatutos les encomiendan «la dirección de todos los servicios». En tercer lugar, se confirma que fue Rajoy quien cerró con Bárcenas el pacto para pagarle 18.000 euros mensuales, además de concederle otros privilegios. El extesorero era el que más cobraba del PP cuando, según dijo Rajoy en el Senado, ya no estaba en el partido. ¿A cambio de qué? Incluso dos días después de que se supiera que tenía 22 millones en Suiza el presidente del Gobierno le daba ánimos por SMS. Utilizando una expresión que le gusta a Rajoy, a estas alturas en algunos países de nuestro entorno ya habría dimitido hasta el Tato.