Mucho honor le hago a doña Alicia al evocar el Capítulo XX del Quijote, en el que se narran «las bodas de Camacho el rico». La distancia entre una boda y un vodevil es enorme, pero nadie puede contar mejor que Cervantes lo que hizo Sánchez-Camacho antes de acudir a maitines: «Apenas la blanca aurora había dado lugar a que el luciente Febo con el ardor de sus calientes rayos las líquidas perlas de sus cabellos de oro enjugase», cuando Alicia, «sacudiendo la pereza de sus miembros», se fue a la cadena Ser y comunicó a todo el país su plan contra Artur Mas. Una estrategia que en esencia consiste en darle la razón a los independentistas y discrepar solo en la última consecuencia. O una metedura de pata tan enorme que hizo que incluso Dolores de Cospedal pudiese discrepar en plan Adenauer de su colega catalana. «Cosas tenedes», Alicia, «que farán fablar las piedras».
La cuestión más crucial del Estado es la reforma de la financiación autonómica, en cuyos números y disposiciones debe quedar clara la interpretación de lo que somos y de cómo vamos a entendernos. Y si algo hay evidente en este proceloso asunto es que no es posible, ni deseable, que el modelo se siga desmembrando para dar respuestas a la carta para cada autonomía. Ni un modelo para que Cataluña se quede con sus impuestos y niegue la esencia misma del Estado, que es la caja común; ni una lectura a favor de los más necesitados, al estilo Feijoo-Monago, que confunda la justicia con la ineficiencia. Por eso es inconcebible que doña Alicia haya osado adelantarse al Gobierno, meterse por la peor de las rutas, y provocar la airada respuesta -entendible, pero estúpida y peligrosa- de sus correligionarios de Madrid, La Rioja o Extremadura.
La financiación, que ha de arreglarse en el 2014, tiene que tender mucho más a la supresión de los modelos vasco y navarro que a la generalización de remiendos de colores que acaben vistiendo al Estado con un traje de payaso. La idea de que la solidaridad territorial y social no puede alterar la ordinalidad autonómica tiene que imponerse mediante un sistema común que, al implicar una redistribución de los recursos, nos obliga a reconocer que el ajuste que se haga para Cataluña tendrá que ser compensado con reajustes a la baja -que pueden ser muy justos- en otras comunidades.
Lo más importante, aunque Sánchez-Camacho no supiese decirlo, es que hay que disgregar la financiación del autogobierno de las políticas de equilibrio territorial y social, para que ambos procesos puedan afrontarse a la vez, sin merma de la justicia, e imponiendo límites temporales, finalidades y controles a las políticas de desarrollo. Pero todo esto tiene que decirlo Rajoy, y no Camacho. Y mucho me temo que ni el mutismo y la pasividad de uno ni la verborrea y la imprudencia de la otra presagien un final feliz.