Si tuviera que pedir un favor a gran parte de la clase política y a muchos de mis compañeros de oficio, sería este: no agiten a la sociedad con descalificaciones como las derivadas del fin de la doctrina Parot. Pido ese favor especialmente hoy, después de la resolución del Tribunal Supremo, que se tragó su propia doctrina, aceptó disciplinadamente la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ayer decidió que sean los sentenciadores, especialmente la Audiencia Nacional, quienes decidan las excarcelaciones de etarras y otros grandes delincuentes. Lo único novedoso que aportó la esperadísima reunión del alto tribunal, anunciada a bombo y platillo y esperada con ansiedad, ha sido asumir la tesis de la Fiscalía y dictar que la doctrina Parot se aplique a delitos cometidos a partir del 28 de febrero del 2006. Los mayores criminales de ETA ya pueden seguir los pasos de Inés del Río y de Troitiño.
¿Duele? ¡Claro que duele! Pero una cosa es sentir dolor y otra tener que pasar todo el último fin de semana escuchando cómo el dirigente del PP don Carlos Floriano descalificaba la puesta en libertad de nueve terroristas. ¿Y qué decir de multitud de comentarios de prensa? Les pareció casi delictivo que la Sala de lo Penal de la Audiencia hubiera adoptado esa decisión. Se censuró que actuase con rapidez, como si la rapidez fuese una agravante. El juez Grande-Marlaska, que preside esa sala, fue prácticamente insultado. Se llegó a decir que era la consecuencia de las conversaciones de Zapatero con la banda armada. Y en su conjunto, gran parte de la literatura periodística y del sector político más conservador tuvo un aroma de agitación de los sentimientos y de incitación a no cumplir una sentencia que obliga al Estado español.
La resolución del Supremo pone las cosas en su sitio. Sin decirlo, reconoce que fue un error aplicar la doctrina Parot con efectos retroactivos. Asume sin rechistar ni polemizar lo que dice la Gran Sala de Estrasburgo. Da la razón a la Audiencia Nacional, que no tiene nada que rectificar en las excarcelaciones acordadas. Y echa el balón al poder legislativo (las Cortes) para que regule con claridad el cauce procesal de las resoluciones de Estrasburgo. ¿También el Supremo está compinchado con oscuros intereses que favorecen a ETA? Pues no descarten ustedes que alguien lo sugiera. Y miren: se puede hacer populismo con cuestiones económicas y sociales. Pero hacerlo con el dolor de las víctimas es poco prudente; hacerlo con la aplicación de la Justicia es sencillamente irresponsable. Y un agravante: si hasta el poder político se deja arrastrar por criterios que perjudican el crédito de la demás instituciones, le está haciendo un pobre servicio al país.