Empiezo a estar hasta el moño de las predicciones económicas del Gobierno y de la Comisión Europea. Si hacemos caso de Bruselas, el presupuesto español del año próximo es una especie de cuenta de la lechera que no se puede cumplir porque es más voluntarista que posible. La reprimenda es todo un suspenso a las previsiones presupuestarias y, por tanto, un varapalo al ministro de Hacienda. Quizá por eso Montoro mostraba ayer un tono tan bajo después del Consejo de Ministros. Si hacemos caso del Gobierno español, es perfectamente posible que se consigan los objetivos y que además se puedan bajar los impuestos. ¿Convertimos las cuentas del Estado en una cuestión de fe, más que en una realidad tangible? A eso parece que nos quieren condenar.
Más allá de las intenciones, la broma de la diferencia entre los dos criterios es que, según Europa, los recortes no han terminado, no desaparecen del horizonte nacional y todavía nos seguirán torturando con necesidades y sobresaltos que Bruselas calcula en 36.000 millones de euros hasta el año 2016. En cambio, según la autoridad española, ya están hechos todos los ajustes y el propio Mariano Rajoy, personalmente, comprometió su palabra en la promesa de no sacrificarnos más. Su estrategia política, por lo demás muy elemental, pasa por empezar a caminar hacia las elecciones con un reparto de caramelos que certifiquen el saneamiento de los números y el acierto de su gobernación.
Obsérvese que la Comisión Europea no nos está hablando solo de una cantidad de dinero, grande o pequeña. Al hablar de ajustes, nos está hablando de una buena parte del Estado de bienestar, que es donde se pueden hacer. Los miles de millones que cita son 12.000 millones al año, más de lo que supuso la tijera metida a la sanidad y la educación. ¿De dónde se sacan ahora? ¿Aumentando un déficit público ya desbocado y ruinoso? No se puede. Se sacarían de un nuevo tajo a los servicios públicos. Y eso sería tentar muy en serio al deterioro de la paz social. Sería provocar más malestar, porque es un nuevo golpe a los ciudadanos que más necesitan la protección estatal.
Expresado ese temor, quiero reflejar una duda profunda: ¿por qué Bruselas airea esos números si pueden empezar a causar desolación y desconfianza y repercuten negativamente en la moral de recuperación? ¿No podían hablarlo discretamente con los ministros de Hacienda y Economía de España? Si no lo hacen y lo dicen en ruedas de prensa, es que tienen intención de buscar publicidad. Y si buscan publicidad es porque quieren o necesitan mantener la incertidumbre sobre los sacrificios que todavía tenemos que soportar. Deseo equivocarme, pero no dejan otra alternativa que la de tomarlo como un aviso.