Es imposible saber cuándo algo está mal si para la oposición, que tiene el deber de denunciarlo, todo está mal. Y al revés, es imposible saber lo que está bien si para el Gobierno todo está bien. El Parlamento ha devenido en un constante enfrentamiento crispado y ruidoso, donde no se habla de las leyes sino de los enemigos, de los partidos y de sus propios intereses. Y los ciudadanos ya no aguantamos más. Nos cuesta mucho comprar los garbanzos, que diría don Manolo -el de Mafalda y el otro-, y encima tenemos que estar constantemente sometidos al debate vociferante, al odio, a la crispación de quienes nos tienen que hacer la vida más fácil. Uno, que es de natural republicano -por aquello de que no parece razonable que la jefatura del Estado sea hereditaria, como tampoco una cátedra, una alcaldía o la jefatura de un departamento de cirugía vascular- se imagina la bronca subiendo otro escalón hasta el palacio de la Zarzuela, y siente un escalofrío de terror. Por eso quiero proponer que se disuelva el Parlamento. Que los partidos se busquen unos buenos abogados, como los matrimonios mal avenidos, y que estos se reúnan en las Cortes para negociar la legislación en nombre de sus representados. Y después guarden sus papeles, se estrechen la mano y se vayan a tomar un café. Y entretanto, nuestros diputados no deben volver al Congreso hasta que dejen de aplaudir, de abuchear, de hablar de los rivales y de los partidos en lugar de hablar de las leyes, en lugar de hablar de nosotros y, sobre todo, de hablar para nosotros.