El pasado viernes el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz atribuía al PP, a nivel indiciario, el uso de una caja B «continua en el tiempo», en concreto de 18 años. Ya no se trata solo de informaciones periodísticas, sino de un auto judicial. Para llegar a esa conclusión se basa en que 56 apuntes de los papeles de Bárcenas están ya acreditados, entre los que se incluye el pago con dinero negro de la reforma de la sede popular. El asunto es muy grave. Mariano Rajoy, en su comparecencia en sede parlamentaria el 1 de agosto, aseguró solemnemente que su partido no había llevado nunca una doble contabilidad. Ante esta contradicción flagrante ni el presidente del Gobierno ni la secretaria general, María Dolores de Cospedal, han considerado oportuno dar las explicaciones imprescindibles en toda democracia que se precie. Ha sido González Pons el encargado de dar la cara con una respuesta sorprendente: el PP es un partido «tan honrado como todos, pero el único que puede sacar a España de la crisis». ¿Quiere decir que todos los políticos son iguales y hacen lo mismo con sus cuentas? Responder con generalizaciones tan peligrosas aludiendo a todos en abstracto cuando sobre la mesa un juez pone indicios muy serios es simple y llanamente una tomadura de pelo a la ciudadanía. Rajoy ha optado por una calculada estrategia de silencio a la espera de que el escándalo se sustancie judicialmente con la única condena de Bárcenas. Pero si se demostrara lo que apunta Ruz y que, por tanto, no dijo la verdad en el Parlamento esto debería conllevar consecuencias políticas. En otros países democráticos se dimite por mucho menos.