La declaración de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles es, sencillamente, incomprensible. Rajoy declaró, en calidad de presidente del Gobierno y delante de la máxima representación de la soberanía popular, que en el año 2013 no se ha destruido empleo gracias a su reforma laboral.
Todo el mundo sabe que esto no es cierto, que cualquier fuente estadística que se utilice dice exactamente lo contrario. La principal fuente oficial, el Instituto Nacional de Estadística (INE), tanto en la encuesta de población activa como en la contabilidad nacional certifica que en España se sigue destruyendo empleo. Y no puede ser de otra forma: en una economía en recesión, con el PIB cayendo en el entorno del 1,3 %, la única forma de crear empleo es con el milagro que la ministra le rogó a la Virgen del Rocío.
Los datos de la EPA son contundentes: desde que Rajoy es el presidente se han destruido en España más de un millón de empleos, de los que 497.000 se han perdido en los últimos doce meses, el año de la reforma laboral. Ayer mismo, la contabilidad nacional elaborada por el INE reveló que la destrucción de empleo continúa: en los últimos doce meses el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo se redujo en 522.000. Esta es la dramática realidad que sufre la sociedad española y que certifican las estadísticas oficiales. Por eso la declaración de Rajoy es inexplicable y no se acierta a entender la razón que está detrás de esta afirmación falsa. Porque hay dos posibilidades: o el presidente ignora la realidad o, sencillamente, miente. Y, realmente, no se sabe qué sería peor en un cargo público, la ignorancia o la mentira.
Rajoy debe disculparse, reconocer su error, decir que se confundió, que lo que quiso decir fue otra cosa. No hacerlo es un desprecio a los ciudadanos que no nos merecemos. Nada hay más peligroso que un Gobierno que se crea sus propias mentiras, que construya un mundo virtual para esconder la realidad, que confunda los argumentarios de los tertulianos con los análisis rigurosos, que se crea lo que le dicen sus corifeos mediáticos.
La sociedad española está pagando un durísimo precio en esta crisis, un sufrimiento que llega a nivel de tragedia en los trabajadores que pierden su empleo, en los autónomos que cierran su negocio, en las personas desahuciadas de su hogar.
Si el Gobierno es incapaz de solucionar estos gravísimos problemas lo mínimo que hay que exigirle es que respete a la gente, que no nos insulte. Porque no es difícil imaginar la cara que se les habrá quedado a los trabajadores del naval de Ferrol, a los de Fagor, a los de Panrico o a los de Tragsa al escuchar la declaración del que es su presidente.