Se cumplen dos años de gobierno del Partido Popular. Dos años difíciles, mucho, en que los ciudadanos han tenido que hacer frente a serios recortes en servicios públicos y subidas impositivas que no han traído la recuperación económica prometida sino un aumento del desempleo y de la desigualdad. La brecha social se ha agrandado, se han acrecentado los contrastes y para la gran mayoría la realidad cotidiana ha sido la de una permanente cuesta arriba cuyo fin no se acaba de alcanzar.
Desde el cambio de Gobierno en España hay un millón más de desempleados y en Galicia la cifra se ha acercado peligrosamente a la barrera de los 300.000, en una evolución peor que la media, más preocupante. También aumentaron los hogares gallegos sin ingresos, hasta alcanzar los 90.000, un 24 % más que hace dos años. Y el recorte salarial ha sido en Galicia casi el doble que la media estatal. Y no hay quien preste un euro a los pequeños y medianos negocios, sustento básico del tejido productivo. Siendo este el panorama, la emigración vuelve a ser una realidad en nuestra tierra.
Son miles los estudiantes que han perdido sus becas y ayudas, y los profesores que han perdido sus empleos; se ofrece una sanidad de peor calidad, en la que no se reponen las plantillas y se excluyen cientos de medicamentos de la financiación pública, mientras se imponen copagos crueles; se reduce la atención a los dependientes y se precarizan las pensiones, las del presente y las del futuro, consolidando una pérdida de poder adquisitivo equivalente al ganado durante el último período de gobierno socialista.
Sin embargo, para una minoría la realidad es muy otra, a algunos les ha ido muy bien. En estos dos años ha crecido el número de ultrarricos, ese 0,0035 % de la población ya posee una fortuna equivalente al 15 % del PIB; los consejeros del Ibex se han subido los sueldos del orden del 8 %; los grandes bancos han incrementado sus beneficios un 80 % y a los defraudadores se les ha premiado con una amnistía fiscal con la que han podido blanquear su dinero a precio de saldo. Si lo anterior es hiriente, súmenle el último informe de los técnicos de Hacienda según el cual el 72 % del fraude fiscal se concentra en las grandes fortunas y las grandes empresas, o la polvareda levantada en la Agencia Tributaria tras descubrirse la rebaja de una multa millonaria a una multinacional cementera...
Con estos antecedentes, cabría esperar un replanteamiento de las políticas de la primera parte de la legislatura. Sin embargo, lo que se anuncia es una nueva vuelta de tuerca, ahora en materia de derechos civiles y libertades públicas. Lo vemos en la ley de seguridad ciudadana con la que se trata de imponer límites al ejercicio de la libertad de expresión, de reunión y de manifestación de los ciudadanos a base de multas y catálogos sancionadores propios de tiempos pasados.
La ley de servicios mínimos pretende dificultar el ejercicio del derecho de huelga, dejando a los trabajadores inermes ante los excesos de una reforma laboral que ha otorgado todo el poder sobre las relaciones y las condiciones laborales a la patronal. Y la ley de seguridad privada facilita el negocio privado a costa de la seguridad pública, vulnerando los derechos de los ciudadanos al permitir a vigilantes privados detener, cachear e interrogar en la vía pública. Todo esto nada tiene que ver con la economía. Tiene que ver con la ideología.
Decían nuestros mayores que los males nunca vienen solos. Y del caldo de la desigualdad, en Galicia ya llevamos dos tazas. En nuestras manos está revertir la situación. Qué mejor propósito para el año 2014.