El referendo, ya con fecha determinada, con el objetivo de que los catalanes ejerzan el llamado derecho a decidir ha sido un detonante para plantear la reconstrucción del Estado. Pero la pretensión viene de lejos. Se ha cuestionado, casi como una cruzada, la configuración del Estado autonómico en la Constitución por discrepancias científicas de distinto signo. Existe, en casos, un punto de arrogancia y de arbitrismo cubiertos con exhibición de referencias a realidades de otros países, sin atender al dato innegable de la realidad histórica, con sus precedentes, en que se redactó por consenso el texto constitucional. Son los nuevos salvadores que omiten, sin embargo, reconocer que la espuria aplicación del mismo por los partidos políticos mayoritarios ha sido determinante del problema actual.
Esa doctrina científica dominante no arregló nada, y resulta altamente dudoso que pueda ser admitida una reconstrucción del Estado a partir de un dato equivocado que no se reconoce. Ha conseguido, no obstante, ser de generalizada aceptación, aunque no aceptada por los nacionalistas. Con absoluta normalidad, columnistas de medios de comunicación, que no tienen por qué ser constitucionalistas, hablan del «café para todos», como si eso fuese lo que dice la Constitución. Y lo que es más preocupante, quienes tienen actualmente altas responsabilidades de gobierno se han formado en esa corriente doctrinal, que ningún reparo ha puesto a la generalización de Parlamentos, ni a la utilización del artículo 150.2 de la Constitución para transferir competencias estatales a las comunidades autónomas.
Ahora, cuando el tema catalán aprieta, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha enviado un escrito al presidente del Congreso reconociendo que el tal artículo se refiere a «las facultades correspondientes a materia de competencia estatal, pero no a la competencia estatal toda ella en sí misma», y por eso la delegación que solicitó el Parlament supondría «un vaciamiento de la competencia del Estado». Por fin, un reconocimiento de lo que defendí en el debate constituyente y vengo afirmando ante el silencio de los gurús científicos. La reforma constitucional no es un remedio para la urgencia del problema planteado por el referendo catalán. Basta ciertamente con que el Congreso responda y, como he defendido, antes de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Sin reforma, que necesita tiempo y ocasión propicia, algo puede irse haciendo. No se trata de cucas e indirectas recentralizaciones que se insinúan por la ya transitada vía de la sostenibilidad financiera. Incluso sin el valor de los partidos para prescindir de los Parlamentos en las comunidades cuyos Estatutos no fueron aprobados por referendo, el Tribunal Constitucional, que ha sido causante -otra vez con influencia doctrinal- de construir falsas competencias exclusivas, podría aclarar el asunto competencial, así como el recto sentido de las delegaciones del citado artículo 150.2.