Las palabras de Duran i Lleida, un tipo nada dado a estridencias, son de las que hacen temblar: «Si Rajoy no se mueve ya, todo reventará». Hace un par de semanas, en su importante reunión de Sitges, el Círculo de Economía -que, como se sabe, acoge a un amplísimo espectro de la sociedad civil catalana- planteó al presidente del Gobierno algo muy parecido. Y es que cada vez está más claro que la inacción, esperando que el simple paso del tiempo acabe por arreglar los asuntos, al menos en este caso, puede acabar trayendo consecuencias letales. Importante es señalarlo precisamente ahora, cuando la proclamación del nuevo rey abre una inusitada oportunidad para lanzar un camino hacia el cambio constitucional.
Pero, ¿qué cambio? Aquí vienen todas las dificultades juntas, pues incluso en el sentido de las palabras no nos acabamos de poner de acuerdo: donde unos, por ejemplo, dicen «federal» otros interpretan «confederal», que son cosas diametralmente diferentes. No entraré en esas complejidades, en las que hay discrepancias notables entre los propios constitucionalistas. Pero cuando uno habla con tantos amigos catalanes, de pronto convertidos en independentistas, no tarda en detectar que, lejos de cualquier «odio a España», señalan como su adversario directo a «Madrid», es decir, a la concentración de todo el poder político y económico en la capital del Estado. Por ejemplo, en un libro muy interesante e influyente, España, capital París, Germá Bel identificó en el modelo radial de transportes establecido en el siglo XVIII un factor clave para la organización económica de la España moderna, que habrá producido mejores o peores resultados (esa es otra cuestión), pero que «no son las nuestras».
Es evidente que revertir todo eso es muy difícil, pero hay algunas cosas que sí se podrían hacer para avanzar en una solución. Por ejemplo, una cuestión fundamental de la que casi no se habla: apenas hay Estado central fuera de Madrid, y la tendencia además parece la contraria: si hace unos años, el gobierno de Zapatero ubicó la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones -en todo caso, poca cosa- en Barcelona, la situación ha revertido hace algunos meses. Pero, realmente, ¿por qué no podría estar el Banco de España en, digamos, Bilbao o Sevilla? ¿Y el Senado en Barcelona, o el Tribunal Constitucional en Santiago? Al menos, ¿por qué no discutir abiertamente sobre todo ello? ¿Parecen disparates?
Pues piénsese que, por poner un ejemplo importante, un país del cual no tenemos precisamente la idea de que esté mal organizado, Alemania, ofrece exactamente ese modelo: el Bundesbank está radicado en Fráncfort, la Corte Constitucional en Karlsruhe, etcétera.
No habiendo soluciones simples y fáciles, sí hay caninos que un Gobierno responsable debiera explorar, y señales que debiera emitir, para evitar que todo reviente (muy probablemente con efectos gravísimos para todas las partes).