El llamado impuesto de plusvalía es, en condiciones normales, un dolor de cabeza más en el proceso de compraventa de una vivienda. Pero, para muchas de las familias que, desde que comenzó esta crisis inacabable, se han visto despojados del piso comprado con tanto esfuerzo, tener que pagar aún encima un impuesto como si hubiesen obtenido una plusvalía, es un doloroso sarcasmo, una prueba más de lo injusto de la normativa que rige las ejecuciones hipotecarias.
Muchas voces se han alzado en este tiempo pidiendo que al menos se exonere a los desahuciados de pagar como si en vez de perder su casa hubiesen hecho un negocio rentable. De ese numeroso coro formó parte esta columna con un artículo titulado «Desahucio con plusvalía» publicado el 6 de noviembre del 2012. Desde entonces muchos ayuntamientos han adoptado acuerdos para eximir del impuesto a sus vecinos desahuciados.
Por fin, el Consejo de Ministros acordó el pasado viernes que «la ganancia (?) patrimonial que se deriva de la dación en pago de la vivienda habitual para la cancelación de una hipoteca» no tribute ni por el IRPF ni por la plusvalía, «siempre que el propietario no disponga de otros bienes para afrontar el pago de la totalidad de la deuda». Estarán también exentas las transmisiones realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales y notariales. Además, la medida tiene efectos retroactivos a partir del uno de enero de este año y sobre ejercicios anteriores no prescritos.
Si en su día nos sumamos al coro que denunciaba el sangrante contrasentido, es obligado dar la bienvenida al acuerdo que acaba con él, aunque el Gobierno haya tardado tanto en reaccionar. Por algo se empieza, aunque sea muy poco. El drama de los desahucios continúa.