La interrupción del trámite para llevar al Parlamento el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno sobre el aborto tiene, por fin, una explicación clara. Su alumbramiento sería perjudicial para el éxito electoral del PP, según sus cálculos. La razón decisiva, por tanto, no es la falta de consenso, si éste se refiere al que habría de procurarse con otros partidos. Antes del atípico anuncio sobre un asunto que no es banal, el PSOE manifestó su rechazo, confirmado posteriormente. Más aún, no sin cierta coherencia, solicita que el PP retire el recurso que presentó en su día contra le ley de Zapatero.
La frase adelantada por la Vicepresidenta del Gobierno de que la reforma de la actual ley necesitaba un consenso no sencillo solo podía referirse al propio partido. No han faltado muestras públicas de barones que lo corroboran y presumiblemente en el seno del Gobierno. Se aducen motivos electorales que quizá no se tuvieron al confeccionar el programa. Pero la decisión no deja de traslucir una cierta comodidad con la regulación actual. Ni desde el Gobierno, ni desde el PP se ha hecho una defensa del anteproyecto, ni siquiera en la línea de supuestos que constituyó un consenso durante años, por discutible que fuera. Había unanimidad en que el peligro psicológico para la mujer era un coladero. La solución Zapatero ha sido solicitada por el Presidente de Extremadura y defendida, entre otros, por el de Galicia al repetir que es la que prima en Europa, ilustrándola con el argumento inapropiado de las Directivas, que sí son de obligatorio cumplimiento.
Por más que se intente esconder detrás de otros motivos, el tema del aborto tiene un componente ideológico que ha de ser tratado sin forzar los principios democráticos. Es lo que justifica las opciones que ofrecen los partidos políticos y que responden a concepciones antropológicas diferentes. Para unos, la mujer es propietaria de su cuerpo. La mujer tiene derecho a abortar, sería el principio; con absoluta libertad hasta la semana 14ª de la gestación, según la ley. Ese derecho como tal no aparece en la Constitución y se negó en el muy elaborado informe del Consejo de Estado; pero lo determinante, al parecer, son las encuestas que declaran la obsolescencia de la Constitución. Para otros, es primordial proteger la vida, de todos. Se incluyó como derecho fundamental en la Constitución que, con referencia explícita a los que podían nacer, aprobó la mayoría del Congreso de los Diputados, como la dignidad de la mujer, de toda persona.
Las explicaciones pragmáticas incurren con facilidad en contradicciones: uso o no del consenso, derogación de la ley por un gobierno posterior discrepante? Si en la decisión del Gobierno ha influido que las juventudes están por la libertad del aborto, mínimo avance es que las adolescentes tengan que pedir autorización a los padres. No hay que darle más vueltas a la búsqueda de mayores puntos de acuerdo, Sr. Feijóo. Son los votos.