España es un país inmensamente rico. Los indicadores no son capaces de detectar algunos intangibles -también los son para los ciudadanos y, a veces, para la justicia, pero no para sus usufructuarios- que nos harían merecen asiento fijo en el G7. No tanto porque la contabilidad nacional incorpore ya la prostitución o el tráfico de drogas al PIB como por las mareantes cantidades de dinero que por lo visto se mueven en comisiones, tarjetas negras y mangoneos diversos.
Ayer por la tarde, grupos de preferentistas -sí, aún quedan algunos que no han recuperado sus ahorros de la trampa- gritaban a la puerta de la Audiencia Nacional a la llegada del ex ministro Rodrigo Rato y de alguno más de los que se gastaron 15 millones de euros en cuchipandas particulares. Raro que no hubiese más. Más indignados, más ciudadanos hartos de la estafa (presunta), de la orgía y del saqueo permanente. Y los partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, fundaciones e instituciones creerán que la gente se dará por satisfecha con la expulsión de los tramposos. Borrón y a empezar de nuevo, se dirán. Pero no, parece que ya no.
Aunque las maquinarias que manejan son poderosas y las inercias que nos arrastran también, no les bastará con asomar al telediario con cara de sorpresa y enojo por las tropelías del último pillado con las manos en el cajón. Pujol caído del altar que parecía compartir con la mismísima moreneta. Rato, que a estas horas podía estar ocupando la silla grande de la Moncloa, dando explicaciones al juez por el desmán de las tarjetas. El sindicalista de la minería, con el que todos querían una foto para apuntarse el plus de la honestidad, en el escondite. Que pase el siguiente.