Otra más. Ahora con 51 detenidos y una lista de presuntos delitos que asusta: blanqueo, falsificación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraudes contra la administración, organización criminal y algunos más. La operación Púnica trata de esclarecer qué hay detrás de adjudicaciones por más de 250 millones de euros en dos años.
De nuevo hay nombres muy conocidos. Ahora es el de Francisco Granados, el que fue número dos del PP madrileño. Más nombres en una lista que crece sin parar. Y que incrementa la preocupación sobre el partido del Gobierno, el que nos exige el pago de los impuestos mientras se investiga si realizó obras en su sede ocultándolas al fisco.
Si todo esto es preocupante, lo es más aun la insistencia en restarle importancia, en que se trata de «unas pocas cosas», mientras se dibuja una realidad tan esplendorosa como las playas gallegas que veía el ministro Federico Trillo en plena catástrofe del Prestige. Y aun preocupa más ver como siguen cerrando filas y ofreciendo salidas discretas con elevado salario del erario público a personajes como el imputado exalcalde de Santiago, para que su deteriorada imagen no enturbie la de su sucesor en el cargo.
Claro que hay que dejar trabajar a la Justicia (cada día lo tiene más crudo, con la riada de nuevos casos que atender con medios recortados). Pero, si no se ve intención clara de armarse de lejía para limpiar a fondo, a los ciudadanos les puede parecer que todo les da igual, mientras les den los cálculos para seguir en el poder, aunque sea en una gran coalición con el PSOE.
Al paso que vamos y con esas actitudes, ese cálculo puede convertirse en el cántaro del cuento de la lechera.