En septiembre de 2011 se reformó por segunda vez la Constitución, en concreto su artículo 135 que estableció la obligación de todas las Administraciones públicas de adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Una imposición que no permite a España incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea. Fue una iniciativa de Zapatero aceptada de inmediato por Rajoy y tramitada con una rapidez inusitada.
Ahora el líder del PSOE, que la votó, propone su modificación, lo que ha desconcertado a algunos de sus compañeros. ¿Por qué se hizo la reforma? No creo ser parcial si sostengo que la causa fue que aquel Gobierno no tenía crédito alguno en Europa; que constituíamos una honda preocupación para la zona euro. La soledad del presidente y de la vicepresidenta en las reuniones era tan patética como clamorosa. No bastaba el drástico cambio de rumbo iniciado con los recortes anunciados en un black day de mayo. Estábamos en un serio peligro de ser intervenidos contundentemente. El Gobierno sentía tanto apuro que no tenía tiempo para un procedimiento más satisfactorio. Hablar a toro pasado resulta un tanto ventajista, aunque no es infrecuente en el panorama presente.
Desandar lo andado entonces, no es leal ni necesario. No afirmo la deslealtad desde el punto de vista partidario, en lo que no estoy dispuesto a entretenerme, sino desde su incidencia negativa en el crédito exterior, recuperado con costes sociales evidentes. Los mercados no se distinguen por la filantropía. No habrá que rememorar la angustia del subidón de la prima de riesgo. En teoría podría no haberse realizado la reforma, amparándose en el todavía vigente artículo 40 de la Constitución. El precepto, si no inmaculado, ofrece un muy amplio campo para su total cumplimiento. Insta a los poderes públicos a desarrollar políticas para el progreso social, la distribución equitativa de las rentas y el pleno empleo en el marco de una política de estabilidad económica.
No cabe la menor duda de que la Unión Europea incidiría en la determinación de ese marco. Las «políticas de bienestar» no se impiden con el artículo a reformar, y sin él los recortes son posibles. Lo que procede es establecer prioridades, dentro de un marco común a diferentes alternativas, característica del pluralismo democrático.
La propuesta de reforma desprende un aroma populista, al que no le falta soporte académico. Para garantizar los derechos sociales, ligados a la dignidad de la persona, no es indispensable incluirlos en el capítulo dedicado a los derechos fundamentales y libertades públicas. Los artículos concernidos revelan que la Constitución no está tan mal redactada como se afirma. De una parte acá, parece que los problemas se resuelven con su reforma, proclamada por políticos, expertos y opinión publicada. Consistiría en la pócima universal. Se la está convirtiendo en un pimpampum. Hay que sopesar la necesidad del cambio que se proponga.