En su 36 aniversario, la Constitución está sometida a una campaña en favor de su reforma, además de rechazo frontal o de un nuevo proceso constituyente. La reforma es posible. La cuestión es para qué. Los sondeos han de entenderse en su conjunto. Los recientes revelan que los problemas más preocupantes para los españoles son el paro, la economía, la corrupción y los partidos políticos. En una encuesta general no aparece la reforma constitucional entre los principales. La Constitución no supone traba alguna para afrontarlos; antes bien señala ambiciosos objetivos de progreso. El incumplimiento de lo que dispone la Constitución es lo que debería llamar la atención y no tratar de encubrirlo con artificiales reformas. La desafección a los partidos políticos, en cuya órbita ha florecido corrupción, amiguismo y clientelismo, tiene base en que su funcionamiento no responde a la función prevista en la Constitución. No se precisa cambiarla para la necesaria regeneración
El Estado autonómico se encuentra en el centro de las urgencias reformistas. La primera pregunta a formular es qué quiere reformarse: ¿el «café para todos», con 17 asambleas legislativas, o el que figura en la Constitución? He razonado en otro sitio que la realidad actual se ha debido a una vulneración de la Constitución en concretos artículos, por acuerdos de la UCD de Calvo Sotelo y el PSOE, y este con el PP de Aznar. En las propuestas avanzadas por partidos políticos y académicos no quiere reconocerse, ni se menciona. Los grandes partidos se encuentran muy cómodos con esa situación. Mal puede hablarse del agotamiento de un sistema que ha sido suplantado con el patrocinio de una poderosa corriente intelectual. Sin que sirva de pretexto para la desleal deriva secesionista, lo ahora existente no fue lo aprobado por los nacionalistas de CiU. De qué Constitución me habla, podrían argüir. Y una nueva distribución de competencias generalizada entre Estado y comunidades autónomas, complicada por la referida vulneración constitucional, llega tarde incluso para los dos tercios de catalanes que no participaron en el 9-N. Otro es el nuevo soporte constitucional en que habría de irse pensando.
¿Cómo es posible que se haya producido lo que he denominado «golpe de Estado constitucional»? Por la sencilla razón de que quien tiene la misión de defender la Constitución no ha podido ejercerla. El Tribunal Constitucional actúa a instancia de quien está legitimado para interponer el recurso correspondiente: solo los dos grandes partidos que tienen 50 parlamentarios; obviamente, no lo hicieron. Sin el recurso del PP no se hubiese tachado de inconstitucional parte del Estatut.
Para ampliar la legitimación habría que reformar la Constitución. No parece que los concernidos estén por la labor. No ha sido la única indefensión de la Constitución. Para qué reformarla si el Tribunal la muta al margen del cauce previsto para ello, apelando a una nueva realidad social.