Los nuevos (y eficaces) tratamientos para enfermedades prevalentes amenazan la estabilidad financiera de los sistemas de salud. La estimación global del incremento en gasto de medicamentos para el 2016 es de un 25 % en cáncer, un 100 % en fibrosis quística y otros trastornos respiratorios y un 200 % en hepatitis C, por poner tres ejemplos destacados. Pero se puede hacer algo más que lamentarse, siempre que esta situación no se considere aislada del resto del panorama asistencial en cuanto a recursos empleados y resultados obtenidos. Por ello, hay que gestionar simultáneamente el gran problema de acometer el coste de los tratamientos eficaces con el no menor problema de suprimir el gasto en tratamientos ineficaces o de dudosa eficacia. Sin embargo, se observa una tendencia un tanto absurda que consiste en poner bajo sospecha solo lo nuevo (y retrasar su uso si se puede) y pasar por alto lo existente, dándolo sin más por bueno. En realidad, no solo hay que descartar aquello que no aporta ningún valor. También es importante discriminar los grupos de pacientes beneficiarios de una terapia determinada e identificar los criterios clínicos que individualmente confieren eficacia a esa terapia.
Además de garantizar que los tratamientos más eficaces se incorporan y los menos se retiran (para que estos últimos no bloqueen a los primeros) también pueden, lógicamente, negociarse los precios de los nuevos productos o estimular la competencia entre ellos. La capacidad de compra de los sistemas sanitarios les coloca en una posición negociadora favorable y sirve de contrapeso a las presiones que se reciben. Utilizar la referencia del coste/beneficio relativo de los nuevos fármacos en relación con los tratamientos actuales es ir en la buena dirección.
Si se pueden acortar los procesos, reducir el número de ingresos en hospitales y, no digamos, evitar o curar enfermedades, es factible fijar un precio que reduzca sobradamente el gasto previo, incluidos los costes sociales. Con una combinación de precios negociados en lo nuevo y revisión crítica de lo vigente, puede mejorarse la atención sanitaria sin incrementar los costes soportados por el sistema. Ahora bien, si continuamos sin invertir en instituciones evaluadoras para que cuenten con medios y sean independientes (y en consecuencia, transparentes) sufriremos tensiones políticas insoportables y dilemas éticos profundos con cada avance tecnológico.