El órgano de gobierno de los jueces efectuó ayer varios nombramientos de cargos judiciales. Como era de esperar, fueron reelegidos los presidentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de la sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo tribunal. Para ocupar dos vacantes de magistrados de esa misma jurisdicción en el Tribunal Supremo fueron elegidos un magistrado de la órbita del PP y otro de la del PSOE.
Hasta aquí, nada nuevo: todo se resolvió como siempre. No ocurrió lo mismo a la hora de decidir quién presidirá la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, una sala clave porque es la que tiene la última palabra en los conflictos del ciudadano con la Administración del Estado -léase el Gobierno- y de la que formó parte el actual presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Concurrieron tres candidatos, entre ellos el actual presidente, José Manuel Sieira, un magistrado de talante progresista moderado, y por primera vez en la historia del alto tribunal, no resultó reelegido.
El cambio de criterio no es casual. Las relaciones Lesmes-Sieira y sus desavenencias de criterio no eran un secreto para nadie. Pero cada vez resulta más evidente que la cosa va más allá y que forma parte de la encomienda recibida en su día del partido que le puso donde está, de diseñar un Poder Judicial a su medida, para tratar de amortiguar los sobresaltos que se le avecinan.
Visto lo visto, que nadie se sorprenda si los informes de organismos internacionales sobre la situación de la Justicia en España siguen diciendo que una cosa es la independencia de los jueces y otra la de los órganos judiciales que los gobiernan.