Menuda la que ha armado Joaquín Leguina por decir con dureza una verdad que contradice la demagógica, la farisaica y la verdad políticamente correcta. «Si yo me dedico a cuidar pobres, me interesa que haya muchos porque si no los hubiera, ¿a qué me dedicaría?», ha declarado el político socialista, demógrafo, escritor y primer presidente que tuvo la comunidad de Madrid durante las tres primeras legislaturas. Y a renglón seguido ha añadido que «nunca» se ha creído los datos que señalan que el 22 % de la población española es pobre, y que los miembros de determinadas oenegés «mienten» porque quieren que haya más pobres y «así encontrar sentido a su vida y no quedarse en paro».
Que hay que dudar de esas cifras es higiénicamente obligatorio, porque con frecuencia son esas mismas oenegés las que, en connivencia con organismos internacionales, mueven periódicamente el listón del umbral de la pobreza en los países desarrollados para incluir en ella a quien no tiene en esta particular cesta de la compra determinados artículos. Si un día deciden que la merluza de pincho o un determinado zumo son alimentos básicos, pobres merluzas de pincho y menudo negocio para los fabricantes de zumos.
Seamos serios, ¿alguien en su sano juicio cree que en España hay 13 millones de pobres? Al final siempre hay un porqué, y en esta ocasión el porqué es, una vez más, el dinero. Si se abren todo el año los comedores escolares es negocio para la empresa de restauración, para los vendedores de alimentos, para los cocineros y para los vigilantes de esos comedores y los cuidadores de los niños. Y siempre habrá clientes porque, aunque no sea correcto decirlo, en Europa hay varios colectivos extranjeros, reacios a la integración y en permanente y activa autosegregación, que se han habituado a tener gratis cuantas más cosas mejor. Si es la educación, estupendo; si también la sanidad, mucho mejor, y si añadimos la comida de los hijos, la vestimenta y la vivienda, maravilloso. ¡Señor, que Dios se lo pague!
En torno a la pobreza en los países desarrollados, ¡que existe, claro que sí!, hay también mentira y negocio. El Reino Unido ha sido, hasta ahora, el último de la UE en anunciar que podrá negarse a dar prestaciones sociales a personas que lleguen al país con el único propósito de recibirlas, sin que en su ánimo esté buscar trabajo. Esta medida contra individuos y poblaciones que practican la llamada «trashumancia de la pobreza» o «turismo social», sancionada como constitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales de Alemania, se apoya en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que señala en el fallo que «un Estado miembro debe contar con la posibilidad de denegar las prestaciones sociales a ciudadanos de la Unión que no desarrollen una actividad económica y que ejerzan su libertad de circulación con el único objetivo de percibir la ayuda social de otro Estado miembro cuando no disponen de recursos suficientes para optar al derecho de residencia». Dicho queda, aunque sea incorrecto.