Existe entre un amplísimo sector de la prensa y la opinión pública españolas la tendencia a acompañar cualquier crítica a los independentistas catalanes con una coletilla en forma de censura a los sucesivos Gobiernos españoles por no haber hecho nada para solucionar un drama político que ahora todos aseguran que se veía venir. Ese modelo argumentativo, que busca equiparar la supuesta irresponsabilidad de unos y otros, situándose así en una cómoda equidistancia, no explica nunca, sin embargo, qué deberían haber hecho los ejecutivos del PSOE y del PP para impedir una deriva soberanista que ha situado a Cataluña en la antesala de un peligroso enfrentamiento civil, impensable hasta hace muy poco en una democracia moderna y consolidada como la española.
Esa absurda tendencia de quienes, rechazando de plano la independencia de Cataluña, se empeñan en repartir culpas entre soberanistas y españolistas, carece de cualquier sentido si se atiende a lo que ha sucedido en España en los últimos años. Y ello es así porque Cataluña y los catalanes no han hecho otra cosa que aumentar sus privilegios respecto al resto de territorios y ciudadanos españoles, mejorando año a año su financiación y su autogobierno y recibiendo un trato de favor que fue creciendo, incluso cuando sus votos no eran necesarios para garantizar la gobernabilidad de España, gracias al permanente chantaje político al que los dirigentes catalanes han ido sometiendo a los Gobiernos centrales, siempre con la amenaza de echarse al monte independentista como telón de fondo. Contribuir a la difusión del bulo sobre el supuesto maltrato a Cataluña es hacerse cómplice de la mentira porque, si de algo han pecado los Gobiernos españoles, es de favorecer a Cataluña respecto al resto de comunidades. Y por ello es una vileza que Artur Mas asegure que es imposible ser catalán en España.
No se trata de que se haya acabado «la broma», en desafortunada expresión del popular Xavier García Albiol, pero sí de empezar a llamar a las cosas por su nombre. Como ha explicado brillantemente en estas páginas Roberto L. Blanco Valdés, no existe aquí ningún choque de trenes, por más que esa expresión haya triunfado en la mayoría de los análisis políticos, sino una locomotora pilotada por unos irresponsables que quieren atropellar las leyes y la democracia e imponer su voluntad al resto de españoles.
Le duela a quien le duela, lo que pretenden conseguir los independentistas catalanes por la vía pacífica y sin mojarse la ropa es exactamente lo mismo que buscaba ETA por medio de la violencia. Es decir, que el Estado español y las sociedades plurales del País Vasco y Cataluña se sometan a su voluntad de imponer unilateralmente la independencia violando las leyes y la Constitución. Con violencia o sin ella, la ley es igual para todos y debe ser defendida siempre. Y carecería de sentido que lo que no consiguió ETA matando a mil personas durante 40 años lo fueran a conseguir ahora Mas y Junqueras en dos años de chalaneo político.