Los ciudadanos cumplieron con su obligación al elegir a sus representantes. Son estos quienes tienen que cumplir ahora con su deber. La transitoriedad política actual que polariza la atención de los informadores se está prolongando con amagos de acuerdos. El vacío se llena con dialéctica de calidad discutible, declaraciones de dudosa sinceridad, interpretaciones contaminadas y también, es de justicia, manifestaciones que invitan al máximo consenso que, por parecer utópico, revela la gravedad de lo que está ocurriendo. De todas, me quedo con las breves de Alfonso Guerra que estimuló a decir la verdad, y con referencia a Pedro Sánchez, poniendo los intereses del país en primer lugar y, si es posible, también los del partido; añadía que no es fácil, a la vez que le pedía sensatez. El secretario general ha salvado el obstáculo de una contundente oposición oficial del PSOE a un pacto con Podemos, al remitir la decisión a la aprobación de la militancia. Por tanto, rechazada la abstención a Rajoy, que en algún momento pareció sugerirse, las alternativas posibles son muy pocas y urgentes. Convendría no jugar con los ciudadanos enmascarando lo que se pretende. De entrada, no ha quedado claro si el PSOE terminará pactando con Podemos, que le hizo una oferta pública. Con la reiterada afirmación de Pedro Sánchez de que su no a Rajoy se extiende al PP, huelga que siga especulándose sobre otra figura del mismo partido. Y por supuesto, habría que descartar la solución de una persona de consenso aunque no tenga representación parlamentaria, que recuerda a la solución Armada; sin comentario. La renuncia de Rajoy a ser propuesto como candidato permite al Rey proponer a otro. Así de sencillo; no habría que complicarlo. Las preceptivas consultas en trámite harán posible que Felipe VI ofrezca la candidatura a Pedro Sánchez, representante de la segunda lista más votada, quien ha de decidir aceptar o declinar. En el primer caso, las alternativas verosímiles serían intentar la investidura o con Podemos o con Ciudadanos, que aritméticamente sería factible y que estos podrían justificar aduciendo que las cuentas no salen con el PP. Todas estas elucubraciones, como la propuesta o rechazo de referendo en Cataluña y tantas reformas que se prometen, encuentran la dificultad no reconocida de la mayoría absoluta del PP en el Senado y su legitimación para recurrir ante el Tribunal Constitucional. Por eso, Felipe González predicando en el desierto afirmó: «Hay que buscar una base coherente para gobernar, no votos para la investidura». Fracasada la investidura, correría el plazo de dos meses para convocar elecciones. Si nadie acepta habría que buscar una solución que no está prevista. Mejor que una falsa investidura y quizá que un informe del Consejo de Estado podría ser un acuerdo del Congreso de los Diputados para que su Presidente formulase al Tribunal Constitucional una consulta sobre la constitucionalidad de la convocatoria de elecciones.