El acuerdo de Rivera y Sánchez se ha calificado como histórico. La puesta en escena de la firma en una sala del Congreso delante de los retratos de los padres de la Constitución vendría a sugerir de un modo subliminal que los protagonistas eran los padres putativos de una segunda transición. No importa que el pacto no sirva matemáticamente para garantizar la investidura del líder socialista. Lo importante es que se haya realizado, en una euforia adanista que podría calificarse de pactocracia. Lo fundamental es pactar; lo de menos es para qué. Convendría que los actores tuviesen un punto más, si no de humildad, de realismo. Pactos y con eficacia para una investidura han existido. En el de ahora lo peculiar es que para que sea efectivo se precisa la abstención del PP, algo que Sánchez no puede pedir y que Rivera ha asumido. Ese es el busilis del acuerdo, como se deduce de los cálculos aritméticos y ha evidenciado Pablo Iglesias. En el fondo, se trata de impedir un Gobierno del PSOE con Podemos.
Sucede que, además de las dificultades objetivas que tiene para el partido más votado contribuir decisivamente a que el segundo presida el Gobierno, los supuestos y los términos empleados por Rivera lo hacen imposible. En el centro de la pista, el líder de Ciudadanos se ha investido un papel de árbitro, intermediario o celestino, según se mire, de castigador de los males de la democracia, en especial de la corrupción, que se ve como un Adolfo Suárez. Mucho para cuarenta escaños y para creérselo. En función del interés general del país, como hombre de Estado, ha hecho de un modo formal la propuesta a Rajoy en una carta, que el presidente ha contestado con finura, coherencia y algo de retranca, sin dar por concluida la relación. No ayuda a su intento mediador haber reiterado que el actual presidente no debería seguir liderando el PP, haciéndose portavoz de una corriente de opinión que cree que Rajoy es el obstáculo, y evitar unas elecciones cuyo resultado se adelanta sin garantías que se repetiría. Claro que las posibles consecuencias negativas en el electorado por el acuerdo con el PSOE pueden explicar que Rivera -todo en esta etapa es muy lábil- haya declarado que no le importa tanto que gobierne Sánchez o Rajoy como el programa a desarrollar.
Sin el vértigo del estrellato de la historia, lo que ha hecho Rivera encajaría en la normalidad: mostrar lo que Ciudadanos está dispuesto a respaldar en el programa de investidura de quien ha aceptado presentarse a ella. Y como el acuerdo adoptado no da para el éxito, serviría para otro en el que participase el PP. Habría ya un camino andado. En ese hipotético caso, lo coherente sería que Ciudadanos se comportase como ha hecho en las comunidades autónomas. La labor de mediación de Rivera debería entonces realizarse con Sánchez. Nadie es inocente y nadie ha pedido perdón. Negarse a ello sí es enrocarse en personalismos. El debate de investidura puede servir de test sobre la posibilidad o no de un acuerdo.