Con un encuentro a tres bandas como telón de fondo de un enredo político inédito en España, el Gobierno en funciones ha dado plantón por tercera vez al Parlamento. Hay informes jurídicos e interpretaciones para defender el sí y el no, pero hay algo que está por encima de la estricta obligación de un Ejecutivo, aunque sea interino: el respecto a la institución que representa a los ciudadanos y a través de la cual ejercen el control sobre las actuaciones del Gobierno.
Parece que hay acuerdo en que ni la ley ni los reglamentos obligan a quien ejerce unas limitadas competencias de Gobierno en funciones, pero la situación actual no es ordinaria. Nunca hubo un período tan largo de interinidad ni nunca antes se planteó una situación en la que quizás haya que repetir las elecciones. De modo que la acción de Gobierno, aunque ciertamente acotada, se ve condicionada por una realidad compleja y cambiante que, en todo caso, nunca está de más explicar en el foro en el que el presidente y sus ministros tienen que rendir cuentas.
A nadie se le oculta tampoco que en este embrollado panorama la expectativa de unas nuevas elecciones en el mes de junio condiciona cualquier movimiento de los partidos políticos. Por un lado, dicen estar trabajando honesta y denodadamente para la formación de Gobierno; y por otra, no pierden ocasión de obtener ventaja en las urnas sobre el rival. Y por eso, para evitar que se desvirtúe su finalidad, los partidos deberían obligarse en este período a hacer un uso prudente de su derecho y obligación de controlar al Ejecutivo. En todo caso, el Gobierno ganaría más en términos de reafirmación democrática acudiendo al Congreso cuando se le demanda.