Algunos de los que interpretan como fracaso de nuestros dirigentes el no haber llegado a un acuerdo poselectoral tras el 20D, lo hacen bajo el supuesto de que el pueblo ha de limitarse a nombrar a quien lo dirija, pero que no puede decir lo que deberán hacer sus representantes en cada momento. La idea es dejar a los gobernantes gobernar y limitar el poder del pueblo, idea que convive, en estos análisis, con la de proteger al Gobierno ejecutivo de las interferencias caprichosas de las poblaciones.
En tales supuestos de liberación del mandato electoral imagino que se basó el entonces presidente Rodríguez Zapatero cuando pactó una reforma exprés de la Constitución o cuando asumió la agenda neoliberal que la troika le endosó en nombre de los mercados. Al no presentar la dimisión en tiempo y forma, forzó un castigo electoral masivo.
También debió sentirse liberado del mandato electoral el presidente Rajoy cuando incumplió a lo loco su programa. Y aquellos que, tras el 20D, pasaron a pactar un programa de Gobierno de cambio con los mismos que en la campaña electoral descalificaban, con razón, como nuevas generaciones del troikismo español. La idea de una gran coalición no sería, desde este punto de vista, más que una concreción de la tesis neoliberal según la cual el Estado debe ser, a la postre, dirigido por una élite competente que sea garante de un supuesto interés general. Un supuesto interés general que suele concretarse en intereses muy particulares.
Por eso es muy importante que en las nuevas elecciones del 26J la voluntad popular española se defina con claridad meridiana sobre asuntos que delimiten lo que no ha de burlarse en nombre de aquella graciosa autonomía de las élites electas. Asuntos que concreten lo que no se puede hacer, interferencias explícitas, tanto en pactos poselectorales como en la futura acción de gobierno. De forma y manera que determinen si un pacto es o no factible, o cuando un Gobierno debe o no presentar su dimisión.
Entre estas líneas -rojas o azules- yo situaría las siguientes en el ámbito económico: converger o no con la media europea en ingresos públicos en relación a nuestra riqueza, aceptar o no la devaluación laboral y salarial como estrategia competitiva, considerar o no procedente el contar con una banca pública -y una menor concentración bancaria- que mejore la actual competencia en el sector, aceptar o no formas de privatización directa o indirecta (desde desgravar por planes de pensiones hasta conciertos educativos) de los servicios públicos básicos, financiar los costes de la deuda pública con cargo a ingresos públicos extraordinarios o bien con recortes sociales, o no limitarse a reducir los gastos del sistema de pensiones y a multiplicar las goteras en sus ingresos.