No hay respiro. Si alguien se sintió aliviado por el descenso en la preocupación ciudadana por la corrupción que detectó el CIS en el barómetro de septiembre, la tranquilidad le habrá durado muy poco.
Lo más probable es que lo hayan devuelto a la convulsa realidad los multitudinarios banquillos del Gürtel y de las oscuras tarjetas de la extinta caja madrileña. Si tan duras imágenes no consiguieron aún sacarlo de su idílica visión, lo habrá hecho el torrente de declaraciones de los procesados.
Y si pertenece al grupo de los que consideran que todo aquello pertenece al pasado y no podría darse de nuevo tras la cascada de medidas de las que presume el Gobierno aún en funciones de Mariano Rajoy, la catarata de incumplimientos que señala el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa que se conoció ayer le habrá sentado como ducha de agua helada.
El informe recoge inacción ante las recomendaciones dadas hace dos años para mejorar la lucha contra la corrupción en el ámbito judicial y en las Cortes. De un total de once, solo en cinco hubo avances parciales. Nada en las otras seis.
Desolador. Aunque la provisionalidad de un Ejecutivo en funciones durante casi un año pueda servir de excusa parcial, indica que el Gobierno de Rajoy tiene poco de qué presumir en esa materia y pone de nuevo sobre la mesa la incapacidad que muestran a la hora de lograr acuerdos quienes hacen bandera de la intolerancia ante la corrupción.
Que este capítulo sea o no llave para permitir la formación de Gobierno será un termómetro de las posibilidades de futuro del atormentado PSOE.