En esta nueva etapa en la que se lleva el diálogo, ha vuelto a subir la fiebre reformista de la Constitución, que ha aparecido de un modo recurrente desde hace años. La falta de afecto que exista en la sociedad, sobre todo en generaciones alejadas de la fecha de su aprobación y ratificación por el pueblo, se debe en buena medida a ese reiterado pronunciamiento por académicos que le han achacado opinables deficiencias técnicas. Ha faltado también desde las instancias políticas una ponderación del texto constitucional más allá del reconocimiento genérico al consenso con que se elaboró en unas circunstancias que no debieran olvidarse. Es frecuente proponerla como una necesidad biológica, sin más, o como rechazo del contexto histórico en que se aprobó. Entre los asuntos a reformar, el que se ha llevado la palma es la organización territorial del Estado y en relación con ella «la cuestión catalana». Es el momento para consensuar una gran reforma y mejorar lo que tenemos, según un gurú académico. La cuestión no es la reforma en sí, que prevé la propia Constitución, sino el qué y el para qué, además de conseguir el suficiente consenso cuya dificultad permite valorar el de 1978. No se trata de un trabajo teórico, sino de comprobar qué asuntos fundamentales no encuentran respuesta adecuada en la Constitución.
El PSOE, por ejemplo, insiste en el Estado federal. ¿Se trata de elevar todas las comunidades autónomas a Estados; cómo encaja en un Estado federal la singularidad de los conciertos económicos del País Vasco y Navarra, o se propondrá su supresión? Han vuelto a utilizarse las palabras nación y Estado plurinacional para reconocer singularidades. En la Constitución se aprobó junto a regiones el término nacionalidades referido a «nación sin Estado» y se rechazó la autodeterminación. El nudo gordiano creado por el Tribunal Constitucional sobre el Estatut tiene otra solución.
En un libro científico he razonado que el Estado de las Autonomías actual no se corresponde con lo que consta en la Constitución. Se trata de una realidad asumida; es un práctico imposible de volver atrás. Dejémosla como está. Una reforma como la propuesta por el Consejo de Estado a petición del Gobierno de Zapatero sería un blanqueo de esa realidad para hacerla constitucional. Se elevarían al rango constitucional las actuales comunidades y ciudades autónomas, con una rigidez de consecuencias internas e internacionales no desechables. El problema de la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas no proviene tanto de lo redactado en la Constitución, como de su vulneración, que no se quiere admitir.
Teóricamente pueden proponerse reformas de la Constitución, para hacerla más coherente con ella misma, como el reconocimiento de derechos sociales fundamentales, o para suprimir órganos que no cumplen con la misión asignada, como el Senado reducido a Cámara de segunda lectura, que encontrará fuertes resistencias de partidos políticos.