En los mercados, el precio de los productos depende, entre otras variables, de su escasez, de la necesidad del comprador, del reducido número de los vendedores. Es lo que le está ocurriendo al Gobierno para conseguir los votos indispensables para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, evitar su devolución y la prórroga de los actuales, que duran ya demasiado. Además de la conveniencia general de que los presupuestos se aprueben cada año como dice la Constitución, en la actual circunstancia resultan necesarios para cumplir con Bruselas y Rajoy tiene en ello un personal interés. No resulta, por tanto, extraño que esté dispuesto a pagar lo que se precise y a quien se preste. Descontados el PP y Ciudadanos, que ya ha cobrado con la aceptación de varias propuestas, descartado el PSOE por su problema interno con las primarias convocadas, y Podemos por razones obvias, el mercado se ha reducido. En estas condiciones el precio del voto se revaloriza. De momento, el de Coalición Canaria se calcula en 1.300 millones. El de Nueva Canarias, coaligado con los socialistas, con reticencias de rivalidad se presume. Quedan los votos del PNV cuyo coste, además de lo que pueda concretarse en los Presupuestos, tendrá recompensa en la renegociación del llamado cupo vasco, que responde al singular concierto económico. El precio a veces aumenta por el modo en que se pone en venta el producto. En ese sentido, se comprende el malestar de comunidades autónomas por la indisimulada finalidad política de los 4.200 millones para infraestructuras en Cataluña anunciados por Rajoy. El presidente de la Xunta quedaba en una situación incómoda. Para paliarla fue inventada una visita de la vicepresidenta. No parece que tuviese por finalidad el interés cultural de comprobar las obras en la catedral de Santiago y hacerse una foto con el arzobispo; tampoco comer marisco en A Coruña. Se trataba de anunciar un añadido de 247 millones en los presupuestos. Puestos a venir, lo coherente es que lo hiciera el popular ministro Montoro, guardián de los presupuestos. Tratos, cifras y voto canario envían un mensaje a tener en cuenta para el futuro.
El precio a pagar se incrementará presumiblemente a la hora de aceptar enmiendas, una vez superado el rechazo inicial de totalidad. No constituye un obstáculo insalvable; porque de un lado el tiempo en que se aplicarán los presupuestos se reduce a la mitad del año y de otro siempre puede frenarse la ejecución. Con razón se ha alertado de ese peligro. Existe una consolidada experiencia para ralentizarla con artilugios burocráticos. También en ese sentido puede utilizarse una táctica selectiva según los intereses políticos que se tengan, que no siempre coinciden con los de los disciplinados seguidores del partido gobernante. En último término, según el resultado de la pugna en el PSOE, queda abierta la posibilidad de nuevas elecciones con un PP preparado. Un mensaje a retener: el tiempo apremia para cualquier otra iniciativa.