El anuncio del referendo, su fecha y la pregunta que acaba de realizar Puigdemont es un hecho insólito; como el procés, en el que la Generalitat se ha puesto al mismo nivel que el Estado. El pretexto es la negativa del presidente del Gobierno a pactarlo. No existe la menor duda de que el anuncio revela que el ideal de los proponentes es la independencia de Cataluña; ERC lo lleva en su ADN. Pero el anuncio ni es una convocatoria ni la realización de ese referendo garantizaría una mayoría de votos a su favor. ¿Cualquier referendo es inconstitucional?
Lo es el anunciado porque se plantea por quien no tiene competencia y porque versa sobre el derecho a decidir con carácter vinculante sobre la independencia. Los referendos son competencia del Estado y de carácter consultivo. Pero así como para el previsto en el anuncio no existe mayoría social en Cataluña, sí parece que podría haberla para celebrar un referendo con las dos últimas notas. De algún modo respondería a la petición de los empresarios catalanes de que se agote la vía de diálogo para evitar lo que viene denominándose choque de trenes. Otra cosa es que lo aceptasen los secesionistas; pero no podrían esgrimir que no hubo ese diálogo.
¿Por qué no conocer cuál es la opinión de los catalanes si además, como las encuestas adelantan y certificó el 9N, la mayoría no está a favor de la independencia? A su favor se manifestó en su momento el anterior presidente del Consejo de Estado. Se trataría de encauzar jurídicamente un derecho moral de los catalanes teniendo en cuenta que lo defiende la mayoría de sus representantes legítimos en el Parlament. Encuentra, sin embargo, el obstáculo de la Constitución, que se refiere a todos los ciudadanos. Por eso se ha sugerido que podría reformarse ese precepto por la vía rápida prevista. Bastaría con suprimir «todos», de manera que se entendiese referido a los del ámbito del referendo y modificar la ley sobre modalidades de referendo. Para todo ello se requeriría un acuerdo suficiente en el Congreso y el Senado. ¿Valdría la pena intentarlo?
Nos encontramos ante una cuestión de innegable trascendencia política de la que ningún partido es ajeno y en la cual deben implicarse. La iniciativa corresponde al Gobierno, pero existen fórmulas para que los otros partidos puedan proponer que se tome, como la experiencia está demostrando con la petición de comparecencias y de comisiones sobre asuntos de menor urgencia. Con ese motivo, el Congreso de los Diputados, en el que están representados los partidos secesionistas, sería un espacio del diálogo que ellos pregonan. No tengo certeza alguna de que esa propuesta paralice el procés; pero dejaría a sus impulsores sin argumentos. Jalear a la opinión con el arsenal jurídico a emplear no ayuda a encarar un problema político que no debió llegar a donde está. Tiempo habrá para aplicar, en su caso, el artículo 155 de la Constitución, de consecuencias nada claras. De momento el anuncio es solo eso.