Siete de julio. Una niña de ocho años muere en un hospital de Zaragoza. Según las informaciones publicadas, no solo había recibido horas antes una brutal paliza, sino que tenía marcas de ataduras en las muñecas e incluso huellas de una fractura de tibia que no había sido tratada. Los servicios sociales de Sabiñánigo, localidad en la que residía, llevaban tres meses trabajando con la familia por cuestiones económicas. La subdelegada del Gobierno de Huesca declara que «no ha fallado nada», solo «la persona que ha asesinado a la niña». Una vez más, la tan frecuente tendencia a echar balones fuera. Si hay evidencias de malos tratos continuados en una niña que no está encerrada en su casa, es evidente que algo ha fallado si no se detectó el maltrato.
Tres de agosto. Otra pequeña, esta de cuatro años, muere a consecuencia de malos tratos. Ocurre en Valladolid. En este caso, un médico que la atendió 22 días antes había alertado de que la pequeña tenía moratones y una deficiente higiene que hacían sospechar. El informe peregrinó por varios departamentos y no llegaron a tomarse medidas a tiempo.
Dos niñas muertas con evidencias de malos tratos en un mes son indicio de que algo falla. En el entorno de las pequeñas, en la falsa convicción de que las huellas de golpes sospechosos son asunto privado, en la sensibilidad de vecinos, maestros o médicos, en los protocolos oficiales o en los medios disponibles tras años de recortes.
Atajar el maltrato no es un problema menor. Son demasiadas muertes y demasiadas las vidas de infierno de niños o de mujeres por no afrontarlo con seriedad suficiente en todas sus vertientes.