Que la Administración del Estado -en el nivel que sea, autonómico, local...- promueva o incentive la insumisión no es solo una especie de oxímoron político, una incoherencia en sí misma; es, sobre todo, la acción de los dinamiteros que se sirven de la democracia para hacer saltar por los aires sus cimientos.
Estos días resulta imposible (e inconveniente) sustraerse al barullo secesionista y al bochornoso espectáculo que se escenifica en el Parlamento que pretende representar a un pueblo culto y sensato como el catalán. La gravedad y el alcance de aquella insumisión no debe eclipsar, sin embargo, otros episodios de ilegalidad consentida, cuando no auspiciada, desde determinadas administraciones. La okupación de propiedades (privadas y públicas) se ha convertido en un preocupante fenómeno que corrompe la convivencia. Las leyes no llegan a garantizar con eficacia ni el derecho a la vivienda digna ni el derecho de los propietarios a que se expulse y castigue a los usurpadores.
Pero es más inquietante aun que algunos cargos públicos -da que pensar si están más capacitados para pervertir la democracia que para gobernar- miren a otro lado cuando se expolian propiedades privadas al tiempo que consienten la okupación de bienes públicos sobre los que tienen el deber de custodia. Y lo hacen, además, revestidos de un peligroso mesianismo que ignora las normas de convivencia que nos obligan a todos. Toman atajos y los siembran de minas.