El tren separatista se encamina hacia la estación del 1-O y al día en que esto se escribe no existe certeza de si será el término del viaje, ni de sus circunstancias. Las dos intentonas anteriores no proporcionan elementos definitivos para responder a la pregunta ¿cómo va a ser el final de la que está en marcha? No ha habido una proclama unilateral desde un balcón, realizada en nombre del pueblo sin mayor formalidad, sino un proceso que proviene de los acuerdos, declarados inconstitucionales, de una mayoría parlamentaria, que han sido ejecutados por protagonistas singulares como la presidenta del Parlament, el presidente y el vicepresidente de la Generalitat. No se ha concretado en una rebelión militar como en 1934 que, al justificar la declaración de estado de guerra, habilitó la detención de los promotores, la destitución de autoridades y supresión de organismos. Así de sencillo. Más tarde hubo los correspondientes juicios y penas y en 1935 por una ley se suspendieron las facultades que el Estatuto de Cataluña reconocía al Parlamento.
A diferencia de los anteriores la actual es una confrontación directa con el Estado definido en la Constitución, llevada a cabo de un modo más articulado, aunque sus actores han debido reconocer que se saltaron elementales reglas democráticas alegando un estado de excepción decretado por ellos mismos y que no se ha concretado en una declaración formal de independencia. Se producirá si hay referendo y su resultado es positivo, dos hipótesis cuya interpretación se atribuye el Parlament que aprobó la llamada ley de desconexión. Y en esas estamos. Todos los esfuerzos realizados hasta ahora desde el Estado de derecho se han dirigido a que no se realice un referendo propio de ese nombre y es más que probable que así suceda. En cualquier caso, en el Parlament se dilucidará si se da o no el paso a la declaración de independencia. A estas alturas no es previsible el acuerdo de desistir. Otra cosa es que algunos parlamentarios, a la vista de lo sucedido, se bajasen de la actual mayoría conformada por nacionalistas y por la antisistema CUP. Puigdemont no podría anunciar la independencia, aunque sí convocar elecciones. Un panorama nuevo.
Acordada la DUI, es problemática calificarla de rebelión. La vía penal tiene sus limitaciones y sus tiempos. El invocado artículo 155 de la Constitución no permite tipificar ningún delito y para cuando el Senado haya aprobado las medidas políticas correspondientes el presidente habrá podido convocar elecciones. En esta lucha contra el tiempo, más rápido y no menos efectivo sería la suspensión en funciones de los parlamentarios acordada por el Tribunal Constitucional, aunque no fuese por unanimidad, a petición del Gobierno. La tenia está anidada en el Parlament.
Vivimos una situación inédita. En el aire queda la preocupación de que se agrave por un accidente. Cualquiera que sea, un final amargo para quienes participamos en el consenso constitucional en favor de la convivencia.