La suerte está echada. La mínima esperanza de que se rompiese la mayoría absoluta en el Parlament no se ha realizado. La aplicación del artículo 155 era imparable, desestimada la propuesta de no activarlo si Puigdemont convocaba elecciones, que no supondría una mera vuelta a la legalidad. Por mucho que los independentistas arguyan sobre su legitimidad derivada de esa mayoría parlamentaria y el respaldo de un número significativo, pero minoritario, de los catalanes, es palmario que su iniciativa se ha llevado a cabo vulnerando la Constitución. Su intento no fue un hecho aislado y formulado en primera persona por el President de la Generalitat, sino un largo procés. A la hora de la legítima y obligada reacción del Estado ha de tenerse en cuenta que esa materialización procede fundamentalmente de acuerdos adoptados por el Parlament, como el último sobre la DUI. Es ahí donde se encuentra anidada la tenía del atentado, por más que Puigdemont, y su gobierno, haya sido responsable de ejecutarlos. La votación secreta puede que sea un obstáculo para la incriminación individual; pero los parlamentarios que aprobaron las leyes del referendo inconstitucional y de la desconexión no deberían quedar fuera del alcance del 155.
El artículo está inspirado en el 37 de la Constitución alemana; pero con una adición que se refiere a atentar gravemente el interés general de España, más allá del incumplimiento de obligaciones. Por eso, para su protección, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, que no se limitan a dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma, como alegó Puigdemont apoyado en el informe de los letrados del Parlament. Tomada la decisión fundamental, sin discutir el cuándo el cómo pasa a ocupar el primer plano. Se entra ahora en un terreno desconocido, donde la hostilidad podría alcanzar cotas que el 155 no llega a alcanzar. Por eso, en ese juego impar en el que al gobierno no se le tolerarán errores, ni siquiera decisiones discutibles, su aplicación ha de cuidar las formas, para que no se encuentren pretextos que incendien protestas.
En ese sentido habría de evitarse que las medidas se interpreten como una suspensión de la autonomía; otra cosa es que se suspendan en sus funciones a quienes han intervenido en el atentado directo al interés de España, como sería el caso del gobierno de la Generalitat, con Puigdemont al frente, y de parlamentarios que aprobaron las leyes del 6 y 7 de septiembre que dieron pie al referendo y a la DUI. No se entiende bien que continúen en el Parlament, a no ser por cuestiones de aforamiento, y es menos respetuoso con la autonomía limitar las funciones del Parlament como institución. Queda una ardua tarea en esta etapa transitoria para restablecer la convivencia que ha sido tan afectada por la aventura independentista. Hace falta un tiempo; también para reflexionar sobre el por qué ha sucedido.