Puede ser que alguien, de entre los cándidos de esos dos millones de personas movilizadas el 1-O en Cataluña, aún creyese que todo esto no iba a tener consecuencias, que esta especie de vodevil sin pizca de gracia no terminaría por activar la maquinaria judicial. Quien sí lo tenía claro -salvo que su estulticia sea todavía mayor de la que aparentó en las últimas fechas- es Puigdemont, que puso pies en Bruselas y dejó lo suyo en manos de un abogado especializado en entorpecer extradiciones.
Antes de huir, y consciente del fracaso de la ofensiva propagandística para hacer creer al mundo que en España hay presos políticos y procesos sin garantías, Puigdemont ya sabía lo que le esperaba a él y a su gobierno destituido. La oportunista deriva hacia la imposible república independiente les puede acarrear treinta años de cárcel. Disfrazado de víctima de un estado represor y colonizador, Puigdemont todavía le quiso dar una vuelta más a su ridícula peripecia. Deja a un pueblo dolorosamente dividido, a su gobierno en la cárcel y a él como el pelele que se creyó el rey de un país de nunca jamás que en realidad mangoneaban Mas, Junqueras, el independentismo contumaz y los antisistema.
Mientras, Ada Colau y quienes veneran la retórica ambivalente de la alcaldesa aún defienden que Puigdemont es el único presidente legítimo de Cataluña. En realidad, un grotesco fugitivo.